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Salud reanuda el polémico proceso de adjudicación de las ambulancias

El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha desestimado todos los recursos que impugnaban la resolución del concurso

Jessica Mouzo
Ambulancias públicas en un hospital de Terrassa
Ambulancias públicas en un hospital de TerrassaCristóbal Castro

El Departamento de Salud ha desencallado el proceso de adjudicación del transporte sanitario catalán, suspendido temporalmente por los recursos presentados por algunos licitadores disconformes con la resolución del concurso público, el más grande de la legislatura dotado de unos 2.000 millones de euros. El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha desestimado todas las alegaciones presentadas, por lo que Salud ya puede reactivar el proceso e iniciar la formalización del contrato tal y como se adjudicó en un primer momento: el concurso se resolvió el pasado mes de abril repartiendo la mayor parte de la gestión de las ambulancias entre tres empresas (un fondo de inversión de la familia Bonomi, la multinacional danesa Falck y la unión temporal de empresas Egara y Lafuente).

"Una vez firmados los contratos, se iniciará un despliegue escalonado de las unidades móviles en los territorios de acuerdo con las previsiones que establece el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)", ha explicado el Departamento en un comunicado. Salud dará carpetazo así a un proceso que se gestó rodeado de controversia, incluso desde antes de la licitación oficial —el juez que estudia el caso Innova tiene abierta una pieza separada en la que se investigan posibles maniobras para alterar el concurso—. La apertura de las ofertas económicas fue el primer gran batacazo para las pequeñas empresas históricas del sector: grandes multinacionales y fondos de inversión se quedaban, previsiblemente,con la mayor parte del contrato. Las alegaciones presentadas en ese momento dieron un pequeño vuelco a las adjudicaciones finales y permitieron la entrada de algunas compañías más pequeñas, pero la mayor parte de la licitación siguió en manos de Falck, la UTE Egara y Lafuente y Transport Sanitari de Cataluña (TSC), de la familia Bonomi.

Las alegaciones presentadas giraban en torno a vehículos computados en las propuestas que en la práctica no estaban disponibles, falta de documentación obligatoria y valoraciones desproporcionadas según el licitador en algunos apartados de los pliegos contractuales. El Consorcio de Transporte Sanitario (CTSC) de Girona presentó, por ejemplo, dos recursos en los que exigía “la exclusión del licitador TSC”. El consorcio señalaba que TSC ofertaba vehículos de transporte sanitario no urgente que no estaban disponibles porque ya estaban vinculados a otros contratos del mismo sector en Aragón y Canarias. Además, según CTSC, la empresa de la familia Bonomi tampoco presentó el plan de implantación del transporte sanitario urgente, un documento que, tal y como rezan los pliegos, supondrían un motivo de exclusión o no valoración de este punto. 

El Centre d'Ambulanciès Baix Ebre, Ambulanciès de Reus y Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) entre otras, también presentaron alegaciones pero, al igual que con CTSC, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público ha desestimado todas sus demandas.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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