Barcelona multa a 1.169 terrazas por incumplir la ordenanza

La entrada en vigor del capítulo de la ordenanza de terrazas que afecta a las distancias entre mesas y sillas y el mobiliario urbano ha supuesto un alud de inspecciones (4.300 bares y restaurantes), multas (1.169), órdenes de retirada de elementos (844) y cierre total (21 terrazas). La ordenanza, aprobada por el ejecutivo del alcalde Xavier Trias (CiU) entró en vigor en 2014 y este 2015 se ha comenzado a aplicar el capítulo que afecta a las distancias. El actual ejecutivo dice que revisará la normativa. El Gremio de Restauradores asegura que con la norma actual 500 establecimientos tendrán que cerrar su terraza.

Tras una moratoria de un año, el 1 de enero de este 2015 entraron en vigor los artículos de la ordenanza que fijan la distancia entre los elementos de las terrazas (mesas, sillas, sombrillas, mamparas, atriles) y el mobiliario urbano (bancos, farolas, carriles bici, árboles). La idea de la ordenanza es dejar un paso libre de 1,80 metros entre la fachada y los peatones (en la anterior ordenanza era de 1,5 metros). En total, en la ciudad hay unas 4.600 licencias de terraza, un número que oscila en función de aperturas.

En esta primera fase de entrada en vigor de la ordenanza (en la segunda no podrán ocupar más ancho del que ocupa la fachada del bar), se ha detectado que 1.600 terrazas se ajustan a la normativa, según datos que facilita el Ayuntamiento. Pero 1.470 deben reubicar los elementos de sus terrazas y/o reducir el número de mesas. Otras 438 no han sido renovadas, porque no han pagado la licencia (deuda tributaria). Deberán volver a pedir la licencia, indican fuentes municipales. Por todo ello, a fecha del 15 de junio se habían hecho 5.107 inspecciones (en 4.362 locales) y abierto 1.169 expedientes sancionadores. Además, se han emitido 844 órdenes de retirada de terrazas enteras o de elementos sueltos. Sí se habían cerrado ya 21 terrazas.

Desde el Gremio de Restauració de Barcelona alertan que con la normativa 500 establecimientos tendrán que cerrar sus terrazas y otros 2.200 se verán afectados. “En los casos más graves hablamos de locales que perderán su terraza, que en temporada alta supone entre el 30% y el 40% de sus ingresos anuales”, explica el Director General del Gremio, Roger Pallarols que asegura que recibe unas 40 llamadas diarias de propietarios que buscan asesoría. Las alternativas: emitir alegaciones una vez que reciban la notificación para poder ganar tiempo.

Pallarols explica que las notificaciones empezaron a mandarse por carta a finales de abril de este año y que continúan llegando. “Desde el Gremio hemos pedido la moratoria de la normativa hasta septiembre, para que los establecimientos puedan mantener los beneficios de la temporada alta”, sostiene, “somos conscientes de que la culpa no es del gobierno de Colau, sino del ejecutivo de Trias que fue quien aprobó la ordenanza, pero la alcadesa tiene que gestionarlo”.

Pallarols denuncia que los establecimientos afectados son en su mayoría negocios familiares situados en distritos como Nou Barris, Horta o Sant Andreu y no en las vías más saturadas como Las Ramblas. “Las ordenaciones afectan a locales de barrio, donde la gente baja a tomarse el café de la mañana y con el que muchas familias pagan sus hipotecas”.

El Gremio espera reunirse con el ejecutivo de Colau y poder revisar la ordenanza. “Entendemos que Colau acaba de llegar y que debe fijar su agenda de prioridades, pero la situación que vive el gremio es inestable”, lamenta Pallarols.

El Gobierno de Ada Colau mantiene que su postura es la de compatibilizar la intensa vida en el espacio público de la ciudad con el uso de la vía pública por parte de los vecinos. El Ayuntamiento revisará a fondo la ordenanza de terrazas vigentes para decididr que actuaciones y modificaciones se deberán llevar a cargo ene ste mandato. De momento las únicas ordenaciones singulares ya aprobadas son Rambla Catalunya y Avenida Gaudí. El resto están en trámite.

El jefe del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, reprochó ayer que no se haya reunido la Comisión técnica que prevé la ordenanza ni se haya redactado el informe que prevé la normativa. El concejal alertó del riesgo de cerrar terrazas en verano: “Cada tres mesas se pierde un puesto de trabajo”, aseveró Fernández.