El fiscal propone procesar a una diputada del PP por prevaricación
El Ministerio Público dice que Marisol Piñeiro no cumplió "ningún trámite legal" para contratar a una mujer en el Ayuntamiento de Carnota. Pide una fianza de 10.000 euros
La Fiscalía Superior de Galicia considera que existen "elementos suficientes" para procesar a la diputada autonómica del PP Marisol Piñeiro por prevaricación en relación a un supuesto enchufe durante su etapa como teniente de alcalde del municipio coruñés de Carnota.
"El procesamiento, de modo resumido, habría de concretarse en los hechos relativos a la contratación sin ningún tipo de formalidad ni ajuste a la legalidad", sostiene el Ministerio Público en su escrito para pedir que se dicte auto de procesamiento contra ella.
Entrando en detalle, indica que la persona supuestamente enchufada fue contratada en 2007 como administrativa y, tras dos prórrogas, fue contratada de modo indefinido en 2010 como técnico jurídico urbanístico "sin cumplir ningún trámite procedimental legal".
Junto con Marisol Piñeiro, el fiscal reclama que también se procese a quien era entonces alcalde de Carnota, el popular José Oreiro, por haber firmado las sucesivas prórrogas del contrato y por haber dado "instrucciones precisas" para llevar a cabo la contratación de esa mujer.
Asimismo, la petición de procesamiento la extiende Fiscalía al secretario municipal, quien "asesoró" a los dos representantes políticos sobre el citado contrato e intervino "de modo directo y necesario en la constitución de la relación jurídica ilegal".
Por todo ello, tras subrayar que los hechos relatados son "constitutivos de un delito de prevaricación", ha considerado que Piñeiro y Oreiro son "autores" del delito y el secretario municipal, "cooperador necesario".
En este escenario, el fiscal añade en su escrito la conveniencia de que se impongan medidas cautelares "para atender las responsabilidades civiles derivadas del procedimiento".
Así, para el exalcalde y la exteniente de alcalde, propone fianzas de 10.000 euros, mientras que la del funcionario local se limita a 6.000 euros. Y, en caso de que no las satisfagan, pide que se proceda "al embargo" de bienes suficientes para su cobertura.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) asumió la competencia para investigar el caso de la diputada, dada su condición de aforada, a principios del pasado mes de octubre.
Por ello, la causa fue remitida desde el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Muros, que analizaba el despido por parte del actual gobierno municipal --encabezado por Ramón Noceda (BNG)-- de la trabajadora en cuestión, asunto que fue denunciado por la dirigente popular.
