La policía investiga si Oleguer Pujol cobró comisiones opacas
Hacienda afirma que recibió 2,5 millones por asesorar en la operación del Santander, pero que regularizó ese dinero
La policía sigue buscando la luz en la causa judicial contra Oleguer Pujol Ferrusola. En un breve documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes avanzan al juez Santiago Pedraz las “líneas de investigación” que siguen en torno al hijo pequeño de Jordi Pujol, imputado desde hace ocho meses por blanqueo de capitales y fraude fiscal por sus negocios con Drago Capital. La policía sugiere que Oleguer Pujol y su exsocio en esa empresa, Luis Iglesias, “utilizaron dos sociedades instrumentales” holandesas para “ocultar el cobro de comisiones por valor de 11,5 millones de euros por servicios de asesoría” en la operación de compra de las oficinas del Banco Santander.
La Audiencia Nacional analiza siete operaciones inmobiliarias gestionadas por Drago y que ascienden a unos 3.000 millones de euros. La inmensa mayoría del capital para afrontar esas operaciones procedía de grandes bancos y fondos de inversión; Pujol e Iglesias se limitaban a gestionarlas y poseían una ínfima parte de la inversión. La operación de mayor envergadura (2.040 millones) fue la venta de la red de 1.152 oficinas del Banco Santander.
Las comisiones que ambos recibieron por intermediar en esa operación aparecen detalladas en otro informe que la Agencia Tributaria también acaba de remitir al juez. Samos compró la red de oficinas y suscribió un contrato de alquiler con el Santander por 25 años. A través de “contratos de consultoría y asesoramiento” esa empresa pagó comisiones a los intermediarios que suman 11,5 millones de euros. El resultado final de esos pagos fue “la ocultación de las rentas obtenidas en España”, señala el informe.
Hacienda detalla que “no se ha podido determinar quiénes fueron todos los intermediarios”, pero matiza que sí se conoce a dos de ellos: Iglesias y Pujol. Cada uno recibió 2,5 millones de euros. El documento matiza que el benjamín del expresidente catalán “al parecer presentó Declaración Tributaria Especial regularizando la percepción” de esas rentas. Fuentes de la defensa confirman que esas comisiones se incluyeron en la amnistía fiscal del Gobierno de Mariano Rajoy a la que se acogió el pequeño de los siete hermanos Pujol Ferrusola. Oleguer regularizó entonces unos 4,5 millones de euros que tenía en acciones y participaciones de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Ecos del ‘caso Pretoria’
El oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera señala que una de las dos sociedades instrumentales usadas en la operación gestionada por Oleguer Pujol (ARD Choille) apareció en el caso Pretoria, por el que han sido procesados, entre otros, dos altos cargos de CiU de la época de Jordi Pujol: el ex consejero de Economía Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta.
La policía precisa que ARD Choille “fue utilizada, al menos entre 2003 y 2005, por los principales implicados en esta trama de corrupción para canalizar ganancias obtenidas” en dos operaciones urbanísticas irregulares en Cataluña. Fuentes de la defensa lamentan que la policía intente vincular ambos casos y señalan que ARD Choille es un intermediario financiero utilizado en multitud de operaciones.
El reparto entre los socios se produjo a través de una sociedad conjunta, Aegle International, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. De ahí pasó a una empresa de Oleguer (Zante) y a las cuentas de Iglesias. En el caso de este último, Hacienda señala que “no ha presentado declaración” para regularizar los cobros. “La razón que esgrime”, añade, es que “es residente fiscal en Reino Unido”. La Agencia Tributaria no cree esa tesis y concluye que “se han encontrado indicios suficientes para considerarle residente fiscal en España”.
El documento de la Policía no va más allá y responde, de hecho, a la exigencia del juez Pedraz para saber en qué punto se encuentran las pesquisas. Los agentes remarcan que presentarán “en breve” el informe definitivo al juzgado y señalan que las nuevas pistas derivan del “contenido de los efectos intervenidos” en las entradas y registros del pasado 23 de octubre de 2014.
Ese día, Oleguer Pujol fue detenido en su casa de Barcelona. De allí, los agentes se llevaron entre otras cosas un disco duro externo “en el que se contienen diferentes archivos informáticos” que avalan, a su juicio, indicios de delito. Lo cierto es que, pese a haber estado detenido, ni Oleguer ni tampoco su exsocio han sido citados aún a declarar como imputados para defender su versión.
Los agentes se oponen a la petición de Oleguer de “devolver” o “facilitar copia” del material intervenido en su casa. Si se hace, advierten los policías, “puede ponerse sobre aviso a las partes investigadas y propiciar una potencial destrucción de elementos probatorios”. El juez Pedraz también había pedido a los policías que identificaran qué “fuentes de inteligencia financiera” habían utilizado para investigar el caso. Los agentes aclaran que parte de los datos procede del Sepblac, el servicio de prevención de capitales adscrito al Banco de España.
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