_
_
_
_
_

Presentadas más de 41.000 firmas para endurecer el acceso a la RGI

La plataforma Ayudas más Justas presentó en el Parlamento vasco una Iniciativa Legislativa Popular

Momento en el que representantes de Ayudas más Justas entregan en el Parlamento vasco las firmas recogidas para endurecer el acceso a la RGI.
Momento en el que representantes de Ayudas más Justas entregan en el Parlamento vasco las firmas recogidas para endurecer el acceso a la RGI.L. RICO

La plataforma Ayudas más Justas ha entregado este viernes en el Parlamento vasco 41.208 firmas en apoyo de su iniciativa para endurecer los requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), una ayuda destinada a las personas sin recursos o en riesgo de exclusión. El alcalde de Vitoria y candidato a la reelección del PP, Javier Maroto, ha rechazado "mezclar" los datos de apoyos a esta propuesta con interpretaciones electorales, aunque ha pedido un "respaldo fuerte en las próximas elecciones" para que la iniciativa salga adelante.

Una vez depositados en la Cámara estos apoyos a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de esta plataforma --que plantea excluir de la RGI a personas sin permiso de residencia, quienes no lleven cinco años empadronados en Euskadi y a los condenados por determinados delitos--, las firmas serán analizadas y en caso de resultar validadas se iniciará la tramitación parlamentaria.

Esta plataforma se ha visto rodeada de la polémica desde su surgimiento, puesto que estuvo precedida por las críticas de Maroto a las personas magrebíes, a las que acusó de "vivir de las ayudas sociales" y de no querer "trabajar ni integrarse". Además, el portavoz inicial de la plataforma, Patxi Gómez, tuvo que dimitir poco después de asumir el cargo, al conocerse que estaba siendo investigado por cobros indebidos del paro e impagos a la Seguridad Social.

Este viernes, tras la entrega de las firmas, el alcalde de Vitoria y candidato del PP a la reelección ha insistido en la necesidad de modificar la normativa de la RGI para combatir el supuesto "fraude". Los datos correspondientes a los tres últimos años indican que las irregularidades atribuibles a conductas de los perceptores de la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) sumaban 20,8 millones en los tres últimos años, lo que supone un 1,6% del presupuesto total de estas prestaciones durante ese periodo, que asciende a 1.313 millones.

Dentro de esos 20,8 millones, existen distintos tipos de "irregularidades", de las que la suma de las que pueden calificarse como "fraude" por parte de los perceptores apenas asciende a 3,8 millones. Esta cifra supone un 0,3% del volumen total de estas ayudas durante los tres años analizados.

Maroto, además, ha advertido de que los apoyos recibidos deben ser un "toque de atención" para el resto de partidos, a los que ha acusado de que, si pudieran tirarían estas firmas "a la papelera".

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El parlamentario del Partido Popular y candidato de esta formación a la reelección como alcalde ha defendido "la justicia social tal y como la entiende esta plataforma". Además, y aunque ha asegurado que este tema no debe mezclarse con interpretaciones sobre el efecto de esta campaña en las elecciones municipales de mayo, ha pedido "un respaldo fuerte en las próximas elecciones" para que la ILP salga adelante. Maroto ha asegurado que "muchos" representantes del PNV, del PSE, de EH Bildu y UPyD le dicen, "a escondidas", que tiene "razón".

La entrega de las firmas en la Cámara ha estado precedida por el acto celebrado este pasado miércoles en Bilbao, en el que más de un centenar de colectivos --entre ellos Cáritas, Médicos del Mundo, los principales sindicatos y partidos como el PNV, PSE y EH Bildu-- rechazaron restringir estas ayudas y defendieron la necesidad de "fortalecerlas".

Anteriormente, la patronal vasca Confebask suscribió una declaración en defensa del actual sistema de la RGI, mientras que los obispos vascos defendieron la "utilidad legítima" de estas ayudas y rechazaron que los posibles abusos existentes puedan justificar la restricción del acceso a estas prestaciones de amplios colectivos sociales.

Por otra parte, un grupo de 68 sacerdotes de Vitoria acusó a la plataforma "manipulación", y denunció las "amenazas y presiones" sufridas por algunos feligreses por parte de miembros de este colectivo. El propio local de Ayudas más Justas en Vitoria se vio afectado por la controversia, después de que la oposición de la capital alavesa denunciaran que estaba funcionando sin licencia.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_