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Alonso y Maroto eligen abogado para su defensa en el Tribunal de Cuentas

Los servicios jurídicos municipales representarán al Ayuntamiento en la vista del jueves

Vitoria -

El exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su sucesor en el Ayuntamiento de la capital alavesa, Javier Maroto, ambos del PP, pagarán a un abogado particular para que los represente ante el Tribunal de Cuentas de España, que investiga el alquiler de unas oficinas municipales en la calle San Antonio.

Este órgano ha citado para este jueves a una representación del consistorio vitoriano, a miembros del gobierno municipal de Alonso, que era alcalde cuando se firmó el contrato, y a los concejales de Hacienda posteriores, para analizar si se han producido irregularidades, ya que el alquiler resultó gravoso para las arcas municipales.

A la citación no acudirán ni Alonso ni ninguno de los miembros del equipo de Gobierno de entonces (2007-2011), que serán representados por un abogado particular que pagarán de su propio bolsillo, según han informado a Efe fuentes municipales. Este mismo letrado asumirá la representación del actual concejal de Hacienda, Manu Uriarte.

La única titular de Hacienda que acudirá este jueves a la citación será la socialista Marian Gutiérrez, responsable de este área en la anterior legislatura, en la que el PSE gobernó Vitoria.

El pleno ha aprobado una propuesta de la oposición pero sigue la idea de Maroto

El Ayuntamiento ha celebrado este martesy un pleno extraordinario para debatir una moción presentada por toda la oposición (PNV, PSE y Bildu) en la que se pedía que fuese la secretaria general del pleno la encargada de representar a la institución ante el Tribunal de Cuentas, además del abogado de defenderá al equipo de Alfonso Alonso.

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La iniciativa ha salido adelante, ya que el PP está en minoría, pero se va a mantener la decisión del alcalde de que sean los servicios jurídicos municipales, a través de una procuradora de Madrid (hace falta estar colegiado en esa comunidad) la que represente al consistorio.

El PP ha basado esta postura en un informe del jefe de la asesoría jurídica y en otro de la Secretaría General del pleno, en los que se establece que la competencia para designar a los representantes de la institución corresponde al alcalde y que los acuerdos plenarios en este campo carecen de "naturaleza ejecutiva".

El contrato de alquiler que investiga el Tribunal de Cuentas del Estado fue firmado en 2007 por el Gobierno municipal de Alfonso Alonso y costó 6 millones de euros.

En el documento interno del órgano fiscalizador se advierte de una posible irregularidad contable ya que el precio del alquiler fue muy superior al que pagó el propietario un año antes (2,7 millones) e incluía una cláusula penal en caso de rescisión que suponía también "un menoscabo de los caudales públicos".

El Tribunal de Cuentas comenzó a investigar este asunto después de que el Ayuntamiento de Vitoria le remitiera el contrato de alquiler atendiendo el mandato de la comisión de investigación que se creó en el consistorio para investigar si pudo haber irregularidades en el arrendamiento, que tenía una vigencia de 20 años.

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