La burocracia dificulta la lucha contra la pobreza energética

La vehemencia con la que el consejero de Empresa y Ocupación Felip Puig aseguró el miércoles en el Parlament que “a nadie se le corta el suministro hoy en Cataluña por problemas de solvencia económica” sentó mal en las entidades que trabajan con los más desfavorecidos. “Esas afirmaciones no contemplan la realidad de lo que pasa hoy en los hogares vulnerables. Nos duelen estas declaraciones” respondió ayer Núria Salas, portavoz del Fuel Poverty Group.

Empresa insistió ayer en que “no tiene constancia de que ninguna persona que tenga el certificado de vulnerabilidad y lo lleve a la empresa suministradora se le corte el servicio”, aseguró un portavoz. Desde el departamento incluso se invitó a las familias y a las entidades que conozcan algún caso a que se acerquen a las oficinas de la Agencia Catalana de Consumo o al mismo departamento.

El certificado de vulnerabilidad es un documento que expiden los servicios sociales de los Consistorios y que explicita las dificultades económicas de la familia. El protocolo del departamento y las suministradoras establece que con la presentación de este documento ante las empresas de agua, electricidad o gas, éstas no cortarán el suministro.

"Tenemos personas con el certificado y que aún así tienen el corte”, asegura María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Salomé, una vecina de Rubí, es uno de esos casos. Vive con sus tres hijos estudiantes y su marido y no tiene ingresos. “Fui a Gas Natural con el informe que me dieron en los Servicios Sociales y me dijeron que necesitaban un correo electrónico, no en papel”, explica la afectada.

María López (nombre cambiado por petición de la afectada), que vive en L’Hospitalet, recibió esta semana el anuncio de corte de la electricidad para marzo. “Me cambié a un piso más económico, del barrio de la Florida al de Pubilla Cases. En diciembre notifiqué a los Servicios Sociales del cambio de domicilio. Ayer fui a decir que me iban a cortar la luz y me respondieron que ya me llamarían, cuando me asignaran una nueva trabajadora social”, se queja la mujer, de 43 años, con seis meses en el paro y cuatro hijas a cargo.

“En algunos municipios la lista de espera para acceder a los Servicios Sociales llega hasta los dos meses debido a la saturación. Lo hemos detectado, por ejemplo en L'Hospitalet de Llobregat”, asegura Sala, que pidió a la Generalitat “más celeridad” para activar el Fondo contra la pobreza energética. Desde Fuel Poverty Group creen que “se están repitiendo los mismos errores de información, trámites complejos y burocracia farragosa de la tregua invernal del pasado invierno”, criticó Sala.