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Antonio Penadés | Presidente de Acción Cívica contra la Corrupción

“La respuesta a la corrupción tiene que venir de dentro del sistema”

Este abogado, periodista e historiador ejerció la acusación popular en el 'caso Cooperación'

Ignacio Zafra
Antonio Penedés, presidente de Acción Cívica contra la Corrupción.
Antonio Penedés, presidente de Acción Cívica contra la Corrupción.José Jordán

Antonio Penadés (Valencia, 1970) es abogado, periodista e historiador. También escribía, pero cuenta que abandonó la literatura “incluso como lector” por falta de tiempo. El motivo se llama Acción Cívica contra la Corrupción, la asociación que acaba de poner en marcha y preside. Un “paso natural”, afirma, tras ejercer la acusación popular en el caso Cooperación, en el que no tuvo una estructura que le amparase en los interrogatorios a los miembros de la trama, que desvió ayudas al desarrollo de la Generalitat. El exconsejero Rafael Blasco fue condenado en mayo a ocho años de cárcel por estos hechos.

La red tejió presuntamente un fraude en torno a un hospital en Haití. En ese país adoptó Penadés un niño, y es donde su ONG, Familias por la Infancia, financia escuelas y orfanatos.

Penadés marca distancias con la idea del justiciero, presenta la asociación como una reactivación de la sociedad civil y asegura que no dará “ni un paso” sin la Fiscalía Anticorrupción. Cuenta con Joan Llinares, que sacó a la luz las irregularidades en el Palau de la Música Catalana y ha sido nombrado administrador del IVAM. Antonio Muñoz Molina, cuyo libro Todo lo que era sólido Penadés menciona como “referente”, es socio de honor. Rosa Montero, Carlos García Gual, Luis Alberto de Cuenca o José Carlos Díez son otras de las más de 100 personas que se han sumado.

Pregunta. Dice que la ciudadanía debe dar “un paso hacia adelante”. ¿Ha estado quieta?

Complementando a la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular puede ser muy útil

Respuesta. Sin duda. Todos oímos lo indignada que está la gente con la corrupción. Pero a raíz del caso Blasco, una de las grandes sorpresas que me llevé fue que dentro del sistema, que es a mi entender desde donde tiene que venir la respuesta con el Derecho como herramienta, no hay casi nadie intentando cambiar las cosas. Hay manifestaciones en momentos álgidos, pero hay que movilizarse y actuar de una forma pragmática y lo más efectiva posible.

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P. ¿Reconducir la indignación de forma constructiva?

R. Sí, la palabra constructiva es muy importante. Este proyecto intenta mejorar nuestra sociedad, no es una acción contra nadie. Detecto que hay mucha gente que tiene esa necesidad de actuar y no sabe cómo.

P. ¿Cómo piensan hacerlo?

R. La ciudadanía tiene a su disposición un instrumento que está en la Constitución: la acusación popular. Que no solo está infrautilizada sino además mal utilizada porque prácticamente solo la ejercen los partidos con el objetivo de obtener réditos políticos, no de coadyudar a la justicia. Pero puede ser de muchísima utilidad como complemento de la Fiscalía Anticorrupción.

P. ¿Esa ha sido su experiencia en el caso Cooperación?

R. Me parece un magnífico ejemplo de cómo la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía de la Generalitat como acusación particular y yo como acusación popular, hemos creado un equipo. La abogada de la Generalitat y yo aportamos aquello que podría faltarle a la Fiscalía, que está desbordada y debe seguir unos protocolos de actuación. La acusación popular puede moverse fuera de esos ámbitos.

Podemos ayudar haciendo un ejercicio casi periodístico de hablar con gente, seguir pistas, hacer llamadas, plantarse delante de alguien...

P. ¿Cómo puede ayudar a la Fiscalía?

R. Realizando un ejercicio casi periodístico de hablar con gente, seguir pistas, hacer llamadas, plantarse delante de alguien… Hay personas que están más dispuestas a hablar con un particular o una asociación que con la Fiscalía. Y tratándose de tramas complejas con muchos imputados, por perfecto que sea el fiscal es casi imposible que en los interrogatorios no se deje algo.

P. ¿Con qué medios cuentan?

R. Los socios pagan una cuota y la junta directiva tiene el apoyo de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Y empezamos a contar con abogados en toda España que se personarán como acusación popular en representación de la asociación. La asociación les pagará gastos para que no les cueste de su bolsillo y les ayudará en el estudio y disección de los sumarios. También es muy importante exigir unas medidas mínimas de eficiencia y de control en la Administración. Sin reinstaurarlas, aunque entraran en la cárcel todos los corruptos estaríamos igual.

P. ¿Cómo elegirán los casos?

R. Lo primero que hacemos es diferenciar. Cuando detectamos que priman intereses particulares o que se actúa por odio, nos lo quitamos de en medio.

Creo que la etapa de tolerancia vivida hasta ahora se ha acabado

P. Critica comportamientos políticos. Pero en la acusación de casos como Cooperación, Gürtel y la Fórmula 1 hay partidos y militantes. ¿Merecen reconocimiento?

R. En todos los colectivos hay gente maravillosa. Y es indudable que en la lucha contra la corrupción ha habido personas claves que están en partidos.

P. ¿Por qué hay tantos casos de corrupción?

R. Es fruto del ambiente de impunidad en que han vivido muchos. Se ve claramente en las conversaciones y correos del caso Blasco. No tienen conciencia de hacer nada malo, ese era su trabajo y lo habían estado haciendo durante muchísimos años. Cuando uno delinque y no trae consecuencias se atreve con un segundo más grande, un tercero…

P. ¿Cómo se llega a ese clima?

R. En parte, por la eliminación de controles en la Administración. En ese ambiente, en el que tampoco hay reacción de la ciudadanía, se mueven los corruptos. Se han mantenido en el poder porque crearon redes clientelares cada vez más amplias y también porque los casos han salido a la luz con posterioridad. Pero creo que esa etapa de tolerancia se ha acabado.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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