Alaya vuelve a procesar a Torrijos por la venta de suelos de Mercasevilla

Tras el revés de la Audiencia Provincial de Sevilla, la juez Mercedes Alaya ha vuelto a procesar al ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y otras 15 personas por su presunta implicación en la venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla. La juez les acusa de haber amañado un concurso público para favorecer a la empresa Sanma, filial de la constructora Sando. Con este nuevo auto, Alaya atiende la orden de la Audiencia de Sevilla para que retrotraiga "las actuaciones al trámite anterior del auto" en el que acordaba transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado.

La decisión de la Audiencia derivaba del recurso presentado por la fiscalía contra la decisión de la magistrada de sumar al caso, una vez que lo dio por concluido, nueva documentación y ordenar otras diligencias. Los magistrados creen que la actuación de la fiscalía se habría “visto limitada” al ser incorporadas a posteriori dichas pruebas. “La fase de preparación del juicio oral en el procedimiento abreviado no responde a la finalidad de completar la fase de instrucción previa”, exponen los jueces en su resolución.

En su nuevo auto, Alaya vuelve a transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, asociación ilícita, falsedad de funcionario público y contra la ordenación del territorio. Asimismo, da un plazo de 10 días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y presenten sus escritos de conclusiones provisionales, algo que ya habían hecho tanto la fiscalía como la representación legal de Mercasevilla. Junto a Torrijos, también están acusados, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, el exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y el ex director general de la lonja Fernando Mellet.

En cuanto al amaño del concurso, tanto la fiscalía como Alaya defienden que en el pliego de condiciones los imputados incluyeron varias cláusulas “que tenían como fin favorecer” a la constructora malagueña —la magistrada incluso asegura que se creó una “maquinaria para conseguir un concurso a la medida de Sanma”—. Entre las cláusulas que se fijaron una hacía referencia a la “limitación al alza”, es decir, que se establecía un techo y se penalizaba “extrañamente” las ofertas superiores. Asimismo, se premiaba a aquellas empresas que, como Sando, tuvieran “algún derecho” sobre los terrenos de Mercasevilla.

En sus conclusiones, presentadas dos semanas antes de la decisión de la Audiencia, la propia fiscalía pedía para Torrijos y otros nueve procesados dos años de prisión. El fiscal, que excluye a los otros seis procesados, les acusa de un delito de fraude y exenciones fiscales por su presunta implicación en el amaño del concurso público. La fiscalía solicitaba también para el exportavoz de IU, quien dejó el cargo a finales del año pasado, ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público. A la petición de dos años se sumó a los pocos días la representación letrada de la lonja.