El juez y el fiscal dudan sobre la ilegalidad en la Tomatina

La juez de Requena (Valencia) que investiga por supuesta prevaricación al alcalde de Buñol por la adjudicación de la venta de entradas para las fiestas de la Tomatina a una empresa ha suspendido su declaración como imputado, prevista para este viernes. El motivo es que el magistrado y la fiscalía tienen dudas sobre la legalidad o no del contrato suscrito por el Consistorio que preside Joaquín Masmano, de Esquerra Unida (EU). El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Requena ha decidido dejar en suspenso la declaración, como pedía el fiscal, hasta que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se pronuncie sobre el acuerdo, a través del cual Buñol cobró por primera vez el año pasado una entrada a los visitantes que querían asistir a la batalla de tomates mundialmente conocida.

El PP denunció los hechos y acusó al alcalde de haber adjudicado “a dedo” y sin control administrativo el contrato de intermediación para la venta de entrada. Los populares han solicitado personarse en la causa como acusación particular.

El abogado del regidor, Manuel Mata, considera que dado el delito de prevaricación requiere que una autoridad tome una decisión ilegal a sabiendas de que lo es, el hecho de que ni la juez ni la fiscalía estén seguros de si el contrato se ajusta a derecho hace muy difícil que el alcalde acabe siendo condenado. El letrado rechaza que el procedimiento pueda seguirse también por malversación de caudales públicos porque, afirma, el dinero de las entradas fue ingresado en las arcas municipales.

Según la defensa del alcalde, el tipo de contrato de intermediación de entradas puede ser adjudicado de forma directa. Y pone como ejemplo que muchos establecimientos y webs venden entradas para espectáculos y atracciones de carácter público cobrando una pequeña comisión sin necesidad de haber superado una tramitación administrativa más compleja. En el momento de firmar el acuerdo, añade el letrado, el Ayuntamiento desconocía cuánto dinero iba a recaudar con la venta de entradas, que fijó en 10 euros con una comisión de 1,5 para el intermediario. Finalmente se vendieron todas las entradas previstas para los participantes foráneos (15.000), por lo que la comisión de la empresa ascendió a 22.500 euros.

El abogado añade que cuando a principios del año pasado el Consistorio aprobó las entradas para la fiesta, llegó a la conclusión de que la infraestructura necesaria para el pago seguro por Internet, la traducción de la web a idiomas como el japonés y el coreano, y el contacto con tour operadores excedía sus capacidades y por ello recurrió a una empresa con experiencia que se ofreció a hacerlo a cambio de la comisión de 1,5 euros cuando otras pedían cinco.

Masmano, señala el letrado, comparecerá probablemente la semana que viene en conferencia de prensa para explicar los detalles del contrato.