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La juez del ‘caso Bebé’ investiga la financiación de monjas de Lugo

La magistrada quiere conocer los ingresos de la orden religiosa que dio los niños en adopción supuestamente sin permiso de sus madres

La Operación Bebé, que investiga adopciones irregulares en Lugo con la supuesta connivencia de funcionarios de Menores y religiosas, ha sufrido un giro inesperado con un nuevo auto del Juzgado número 2 de la ciudad que ha requerido información sobre cómo se financia el Hogar Madre Encarnación gestionado por la orden de las Hermanas Terciarias Franciscanas. La magistrada  Sandra Piñeiro ha dado un mes de plazo para que se le remita la documentación

Pero no es la única sorpresa que depara el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobre una causa que parecía languidecer y a la que ni siquiera la fiscalía de Lugo ha prestado mucha atención, al no participar en los interrogatorios a los principales imputados, entre ellos funcionarios de Menores y la que fuera superiora de la orden religiosa, Isabel Torres. La juez Piñeiro libra también oficio a la Xunta “a fin de que, en el plazo de un mes, se remita contrato de la gestión del servicio público en la modalidad de concierto para el acogimiento residencial y menores en situación de desamparo o riesgo, que estén tutelados o en guardia con el centro Hogar Madre Encarnación de Lugo”. A su vez la jueza exhorta a la Jefatura Territorial en Lugo de la Consellería de Traballo e Benestar a que suministre “copia fidedigna del expediente de guarda de dos menores” que fueron dados en adopción. Estos oficios se giran tras prestar declaración el pasado día 1 la que fuera directora del centro entre 2002 y 2008, Isabel Torres, que está imputada en esta supuesta trama sobre adopciones irregulares en Lugo.

“Valoramos muy positivamente el hecho de que se acuerden nuevas diligencias, además de oficio, y todo ello a resultas de las practicadas anteriormente que sacan a la luz una serie de hilos que tendrán que culminar en algún tipo de resultado”, se congratula el abogado de una de estas mujeres, de nacionalidad argelina, que habría sido víctima de la trama. Gerardo Pardo de Vera concreta que lo que ahora busca la juez es “recabar información muy amplia sobre la tramitación de todos los expedientes en liza”. “Esperemos que a partir de ahí ya definitivamente se esclarezcan los hechos, con independencia de que serán otras muchas personas, cuya declaración pediremos, para que nos aclaren todas las circunstancias”, intercala.

Pardo de Vera repara en un aspecto que considera importante como es la financiación de la orden religiosa. “Esto viene a colación de muchas de las dudas que salieron en relación a este tema, que no fueron aclaradas del todo. Prácticamente en todos los delitos como estos los casos están relacionados y tienen un móvil en último término económico”, apunta.

El Juzgado número 2 de Lugo quiere también identificar “al personal religioso o laico que prestó servicios en el Hogar Madre Encarnación de Lugo" desde 2002. Se despacha oficio también para que en el mismo plazo de un mes se remita “el proyecto educativo del centro, de contar con el mismo, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad judicial”.

Tampoco se libra en el auto la Xunta de Galicia. El juzgado ordena a la policía judicial que “practique gestiones para identificar a todas las personas que, como funcionarios o personal laboral, prestaron sus servicios en Menores en Lugo" desde 2002, "como trabajadores sociales, psicólogos en los equipos correspondientes, así como jefes de servicio, jefes territoriales, secretario y asesores jurídicos”. Asimismo la juez reclama de la Xunta “copia fidedigna de los expedientes o actas de inspección del centro de menores".

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