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Detenido por blanqueo el jefe de la banda arousana de Los Pasteleros

Óscar Rial había eludido un juicio por narcotráfico tras la fuga de un testigo clave

El Pastelero (primero por la izquierda en la segunda fila) durante un juicio
El Pastelero (primero por la izquierda en la segunda fila) durante un juicioEfe

Una investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) sobre blanqueo de dinero culminó este miércoles con la detención de Óscar Manuel Rial Iglesias, de 41 años, apodado El pastelero y considerado el jefe de una de las más potentes organizaciones ilegales que todavía operan en la ría de Arousa. Es la primera vez que la policía logra ponerle las esposas a Óscar Rial, que no tiene antecedentes penales. La operación, con al menos cuatro detenidos y varios registros en domicilios y empresas, se produce justo un año después de que Rial y su banda lograran zafarse de un juicio en la Audiencias Nacional por un cargamento de 3,4 toneladas de cocaína valorado en más de 300 millones de euros que fue intervenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) el 1 de junio de 2008.

 Rial —cuya vieja profesión de pastelero dio nombre al grupo que supuestamente dirigía— fue arrestado en su casa de Vilagarcía y conducido a la comisaría de esta ciudad junto al menos otras tres personas de su entorno por orden de la titular del Juzgado número 3 de la capital arousana, que instruye unas diligencias por blanqueo de dinero y delito fiscal desde hace ocho meses. Está previsto que el jueves pasen a disposición judicial para ser interrogados. En esta investigación, que todavía se instruye bajo secreto, hay al menos 15 personas implicadas en Madrid y Galicia, presuntos testaferros de más de 30 empresas acusadas de dar cobertura a Rial para lavar el dinero supuestamente procedente de las descargas de cocaína. Algunas de las compañías tienen intereses en conocidos centros turísticos de Brasil.

La UDEF elaboró un extenso informe económico después de que El pastelero y 25 presuntos miembros de su organización se sentaran en el banquillo en el primer gran juicio del siglo XXI contra el narcotráfico gallego que se iba a celebrar en la Audiencia Nacional con un arrepentido como testigo de cargo. La fiscalía antidroga solicitó condenas que sumaban 209 años de cárcel por tráfico de drogas y multas por más de 7.000 millones de euros.

Pero la vista fue un verdadero fiasco para la policía cuando, dos días antes del juicio, el arrepentido José Luis Fernández Tubío, un marinero de Boiro que desde un año antes vivía permanentemente vigilado por dos agentes, logró escaparse de sus escoltas. Antes de huir, el testigo protegido fue a un notario para redactar una carta que leyó su abogado al tribunal en la que pedía perdón a Rial “por el daño que le había causado” y afirmaba que todo lo que había declarado eran mentiras urdidas con la intención de salir de la cárcel. La sentencia de aquel frustrado caso señala que los únicos hechos probados son los relativos al viaje y posterior abordaje del buque San Miguel, que transportaba a España el alijo de cocaína, por lo que solo pudo condenar a los tres tripulantes de la planeadora que iba a recoger el cargamento. El plantón en el juicio de toda la tripulación era previsible, después de quedar en libertad provisional, superados los cuatro años de prisión preventiva, pero la fuga del testigo dejó al tribunal sin argumentos probatorios y fue un giro inesperado con el que no contaba la fiscalía.

Según el tribunal presidido por el magistrado Fernando Grande-Marlaska “no se acreditó que [el resto de los acusados en tierra] hubiesen participado en estos hechos, ni que hubiesen manejado dinero que procediese del tráfico de drogas”. Sobre Rial, la sentencia alude a la explicación que el presunto narco dio al tribunal sobre las acusaciones de Fernández Tubío: “Una noche le paró [Tubío] para preguntarle si era Óscar El pastelero y le dijo que era narcotraficante y que tenía mucho dinero, así que o le pagaba o le iba a ocasionar problemas”. Pese a todo, el tribunal, además de absolver a la cúpula de Los Pasteleros, tuvo que revocar los numerosos embargos que se habían decretado en 2009 sobre las empresas y cuentas bancarias de los procesados.

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