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El calendario electoral catalán pone en riesgo la aprobación de 20 leyes

La disolución del Parlament afectaría a varios proyectos de carácter social

Miquel Noguer
Artur Mas responde a las preguntas de los parlamentarios en una sesión de control al Gobierno catalán el 20 de octubre pasado.
Artur Mas responde a las preguntas de los parlamentarios en una sesión de control al Gobierno catalán el 20 de octubre pasado.Albert Garcia

Los Presupuestos de la Generalitat para 2015 no son el único asunto que puede quedar en agua de borrajas si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se decide a convocar elecciones anticipadas para los primeros meses de 2015. Hasta 20 leyes que se están tramitando en la Cámara catalana decaerán si se disuelve en las próximas semanas, como parece muy probable.

Entre ellas se encuentran algunas con un marcado carácter social, como la que prevé gravar con un impuesto los pisos vacíos o la reforma del Servicio de Empleo de la Generalitat. La incertidumbre sobre el calendario electoral ha llevado a los grupos parlamentarios a acelerar los trámites para aprobar varias leyes en el último pleno del año, que comenzará el 16 de diciembre y durará cuatro días.

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La oposición de izquierdas considera que Convergència i Unió no tiene prisa alguna para aprobar leyes que, llegadas al Parlamento por la presión de las entidades sociales o directamente mediante iniciativas legislativas populares (ILP), pueden obligar a cambiar políticas sociales de la Generalitat. La convocatoria de unas elecciones en febrero o marzo motivaría un nuevo retraso.

Para la diputada socialista Eva Granados el caso más evidente de ello es la tramitación de la ILP sobre una renta mínima de ciudadanía. “Han puesto todos los palos en las ruedas para el avance de esta iniciativa”, asegura. Este proyecto, al ser una iniciativa legislativa popular, no decaerá como sí ocurre con las leyes convencionales, pero sufrirá un nuevo retraso. “El Gobierno de CiU se cargó la renta mínima garantizada y sobre las nuevas ayudas está todo por hacer”, denuncia Granados. Dolors Camats, portavoz parlamentaria de ICV, también asegura que “no hay manera de acelerar” esta ley. En el último pleno, Iniciativa reclamó, precisamente, que no se produzcan nuevas demoras en la tramitación.

Algunas de las leyes que sí pueden decaer si hay elecciones anticipadas son las del Servicio de Empleo de Cataluña o la que prevé crear un impuesto sobre las viviendas vacías. Ambas se están tramitando en el Parlament y se encuentran en fase de recibir aportaciones de los expertos. El jefe del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, resta trascendencia a este hecho. “Aunque decaigan, el trabajo que hemos hecho queda ahí, lo que facilitará su aprobación la próxima legislatura”, dice el portavoz nacionalista.

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El paquete de leyes económicas que pueden quedar en nada también es importante. Además de los Presupuestos y la ley de medidas fiscales y financieras, los grupos dan por hecho que tampoco se podrá aprobar la ley de cooperativas ni la que prevé ordenar los cuerpos tributarios de adscripción a la Agencia Tributaria de Cataluña. “Está claro que CiU no quiere aprobar la ley de Cooperativas porque tiene al sector en contra”, asegura Dolors Camats.

En el ámbito educativo pueden quedar colgadas las leyes de la nueva formación profesional y del sistema de calidad universitaria. También puede quedar en el limbo la ley de Gobiernos locales, que buscaba atajar las restricciones impuestas por la reforma local del Gobierno central. Esta es una de las normas que más echa en falta la diputada socialista Eva Granados.

El convergente Turull destaca que en las últimas semanas sí se ha dado un acelerón a varios textos normativos con el objetivo de que se aprueben en el último pleno de este año. Si no se producen imprevistos, antes de Navidad verá la luz la ley de transparencia, una de las principales apuestas del Gobierno catalán para responder a recientes los casos de corrupción.

Turull también confía en que se pueda aprobar el nuevo código de consumo, con algunas medidas contra la pobreza energética. Además, se está intentando recabar apoyos para aprobar asuntos más sectoriales, como la ley de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Convergència i Unió asegura que no teme que el distanciamiento entre ellos y Esquerra Republicana desde la consulta del 9 de noviembre impida aprobar estos textos. “La mayor parte de leyes que estamos aprobando esta legislatura tienen apoyos mucho más amplios que los grupos de CiU y ERC”, asegura Turull.

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Sobre la firma

Miquel Noguer
Es director de la edición Cataluña de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha trabajado en la redacción de Barcelona en Sociedad y Política, posición desde la que ha cubierto buena parte de los acontecimientos del proceso soberanista.

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