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El PP afronta tres investigaciones por financiación ilegal en año electoral

La Fiscalía ultima una nueva denuncia por la campaña de Paterna

Ignacio Zafra
Presentación de la campaña para las elecciones de 2007, con el expresidente valencia Francisco Camps en el centro.
Presentación de la campaña para las elecciones de 2007, con el expresidente valencia Francisco Camps en el centro.carles francesc

El PP valenciano afronta en 2015 la cita electoral más complicada desde que conquistó la Generalitat en 1995, según las encuestas. Lo hará, además, con tres investigaciones por supuesta financiación ilegal por delante centradas en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. En los tres casos aparecen como presuntos pagadores empresarios de la construcción, un sector que vivía entonces el boom inmobiliario.

La primera investigación está judicializada en el seno del caso Gürtel y afecta a casi todos los miembros de la antigua dirección regional de la formación y a un exvicepresidente del Consell, que niegan la acusación. La segunda atañe a la campaña de Paterna, que la Fiscalía Anticorrupción se dispone a denunciar, tras haber completado las diligencias preliminares, ante los juzgados del municipio. El exalcalde Lorenzo Agustí, máximo beneficiario de aquella campaña, guarda silencio desde su dimisión en julio. La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Alicante y tiene su base en las afirmaciones del empresario Enrique Ruiz Córcoles a EL PAÍS, en las que mantuvo que el PP le pagó parte de los gastos de campaña con dinero negro.

Aunque todos los mencionados por Ruiz Córcoles, dueño de la agencia publicitaria ER Backspin han rechazado la veracidad de sus palabras, fuentes de Anticorrupción confirmaron su intención de investigar los hechos. Las pesquisas podrían desarrollarse dentro del procedimiento contra la trama Gürtel abierto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Es la opción preferida por la fiscalía para evitar una pluralidad de procesos que podrían terminar con conclusiones diferentes cuando tratan sobre una misma campaña electoral. Pero es poco probable. Los argumentos de Anticorrupción para subsumir en Gürtel la investigación en Alicante ya fueron desestimados en septiembre por el juez que instruye la causa contra la red de Francisco Correa en el TSJ, José Ceres, cuando el fiscal intentó incorporar a la misma la rama de Paterna.

El juez que instruye el 'caso Gürtel' en Valencia ha descartado unir otras investigaciones sobre financiación irregular

Los hechos de Paterna, el décimo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana, “desde el punto de vista jurídico penal, han de ser valorados en su conjunto” con los del caso Gürtel porque “en última instancia la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”, sostuvo el fiscal en un proceso en el que los socialistas también ejercen la acusación. El magistrado denegó la petición y recordó para ello la “competencia especial y excepcional, por exclusiva razón de aforamiento o inescindible conexidad con aquel, que viene jurisprudencialmente entendiéndose que tiene la competencia la competencia de la sala de este tribunal de aforados”.

El fiscal trasladó al juez Ceres que la empresa Eurostalvis Comunicaciones, que se “encargó” de la campaña de Agustí, “identificando” como “destinatario al Partido Popular de Paterna” emitió “las facturas” a nombre “de tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal, Fogival, Balispa y Vatoyma”, “que nada tienen que ver con el mundo de la publicidad o las campañas electorales”. Y estimaba por ello “difícil encontrar justificación alguna para que abonen gastos de la campaña electoral de un partido político”.

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El fiscal admitió, sin embargo, que en el caso de Paterna, denunciado originalmente por Compromís, no aparecen aforados —miembros de las Cortes Valencianas o del Consell— ni sociedades de Gürtel, las condiciones fijadas por el juez Ceres para unir las pesquisas. Lo mismo sucede con los pagos en b denunciados por Ruiz Córcoles en Alicante. Por ello la opción con más posibilidades, según las fuentes consultadas, es que en vez de una se desarrollen tres investigaciones sobre la financiación en paralelo.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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