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10 imputados por gestión irregular de residuos peligrosos en chatarrerías

La Ertzaintza investiga a 17 negocios por el tratamiento de materiales peligrosos

La Ertzaintza ha abierto una investigación penal por delito medioambiental sobre un total de 17 chatarrerías del País Vasco, donde se han encontrado indicios de una gestión irregular de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y otros materiales peligrosos. El caso, en el que ha colaborado el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sigue abierto y de momento se salda con 10 imputados y un atestado policial que pasará a manos de la fiscalía especializada en estos delitos.

Según el Departamento de Seguridad, la investigación, denominada Hondakina, se inició en marzo pasado a raíz de una denuncia de una empresa del sector del reciclado que había detectado prácticas ilegales en el tratamiento de residuos peligrosos en algunas chatarrerías. La investigación alcanzó hasta a cerca de medio centenar de chatarrerías y otros establecimientos de recogida de materiales usados y culminó ayer con una inspección por sorpresa y de forma simultánea en 17 chatarrerías: 14 en Bizkaia, dos en Alava y una en Guipúzcoa.

En todas ellas se ha confirmado que se trabajaba de forma irregular y sin los necesarios permisos. Además, se han encontrado sin descontaminar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) y baterías y otros restos de vehículos fuera de uso (VFUs). Asimismo en la mayoría de los centros se ha descubierto una actividad irregular de este sector conocida como canibalización, que consiste en extraer los componentes más valiosos de los aparatos eléctricos o electrónicos sin aplicar los protocolos de reciclado, con riesgo por tanto de contaminación de atmósfera, suelos, aguas y ambiente.

Durante esas inspecciones se han encontrado asimismo cinco camiones que transportaban chatarra y RAEEs sin estar habilitados para ello. La operación se ha saldado con la imputación de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a 10 personas, responsables de esos establecimientos. Las actas donde se recogen las irregularidades en esos 17 centros se adjuntaran al atestado policial con el resto de la investigación. Esas diligencias serán puestas en los próximos días a disposición de las Fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo de los tres territorios de la comunidad autónoma.

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