Benidorm, zona libre de desahucios
El Ayuntamiento negociará la paralización de embargos por impago de tributos y suministro de servicios básicos para familias en riesgo de exclusión social
El final del pleno municipal de Benidorm ofreció ayer una imagen inusual: miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) aplaudiendo a los políticos. La razón de los aplausos no fue otra que la aprobación unánime de la moción en la cual el PSPV proponía la declaración de la ciudad como “zona libre de desahucios”. El sí a la propuesta de la concejal de Bienestar Social, Cristina Escoda, convierte a Benidorm en la mayor ciudad valenciana (70.000 censados) dispuesta a aplicar una política antidesahucios con la que incluso se pretende modificar las ordenanzas municipales para aliviar el pago de tasas e impuestos a aquellas familias con riesgo de exclusión social.
La crisis sigue ofreciendo situaciones penosas pese a las mejoras macroeconómicas. Benidorm se comprometió ayer a crear junto a la plataforma un registro municipal de viviendas (municipales, además de privadas) destinadas al alquiler social, además de un registro de solicitantes. En dos años, la PAH ha negociado con bancos 300 desahucios, 70 de ellos en la capital de La Marina Baixa. La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía que más ejecuciones hipotecarias lleva a cabo, según los datos del Consejo del Poder Judicial del primer trimestre de 2014. De las 4.282 ejecuciones realizadas (el 16% del total nacional), 2.021 fueron de viviendas.
El Consistorio creará un registro de viviendas para alquiler social
“Resulta urgente movilizar la vivienda vacía en manos de entidades financieras”, señaló la concejal Escoda durante la presentación de una moción que también contempla promover y facilitar el aplazamiento de pagos de tasas a aquellas posibles víctimas del desalojo. El equipo de gobierno del socialista Agustín Navarro gestionará con SUMA la paralización de cualquier embargo por impago de tributos municipales a personas en riesgo de perder su vivienda. Además, negociarán con las empresas que prestan servicios básicos en la ciudad como agua, electricidad o gas, que no corten el suministro mientras dure el riesgo de exclusión social por los desahucios.
Compromisos
Crear un registro municipal de viviendas públicas y privadas de alquiler social y otro de solicitantes.
Aplazamiento de pagos de tasas municipales ante riesgo de desahucio.
Paralizar embargos relacionados con impagos de tributos locales a través de una negociación con la empresa SUMA.
Asegurar el suministro de agua y luz con las entidades concesionarias, instando incluso a llegar a acuerdos de condonación del pago.
Incrementar la partida de ayudas para pagos básicos de las familias en los presupuestos de 2015.
Instar al Servef a aplicar un baremo de evaluación para que las personas en riesgo de desahucio tengan prioridad para acceder a los cursos de formación impartidos a través del Ayuntamiento.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Agustín Navarro y la PAH nació del encontronazo ocurrido cuando a finales de agosto se impidió el acceso al Ayuntamiento y al pleno de presupuestos a miembros de la plataforma y otros colectivos sociales que reclamaban más ayudas a la entidad local. No obstante, la iniciativa está en consonancia con los proyectos impulsados en otras ciudades con Gobiernos socialistas como Ontinyent y Alaquàs (Valencia), Alcoi (Alicante) o Vila-real (Castellón). Fue al poco de ganar Ximo Puig la secretaría general del PSPV cuando desde el área de Vivienda se lanzaron varias propuestas para intentar paliar esta problemática en la que los municipios tienen las manos atadas si un juez considera que tiene que ejecutar un desahucio.
“Es emocionante”, dijo Rosa Borrut, de la PAH, tras el pleno, “sobre todo para los afectados. Son pequeños pasos que vamos dando hasta modificar la ley del gobierno central”. La Ley Antidesahucios del Gobierno presidido por Mariano Rajoy, a juicio de la plataforma, no ha conseguido frenar unos desahucios que en España han aumentado un 13% respecto a 2013. Concretamente, en la ciudad de Valencia, las demandas en este asunto aumentaron un 36% en la primera mitad de 2014, según informó el decanato de jueces el pasado septiembre.
Otros municipios socialistas aplican proyectos en consonancia
El PSPSV ya intentó en las Cortes Valencianas modificar la ley de la vivienda, pero la mayoría absoluta del Partido Popular no permitió su debate aduciendo que no llevaba una memoria económica adjunta, “algo que no llevan ni las propias leyes del PP”, recordó la portavoz de Vivienda, María José Salvador. La modificación, según la socialista, “evitaba el 60% de los desahucios valencianos” a través de un sistema de alquiler social entre la Generalitat, las entidades financieras y los afectados. Según la propuesta legislativa de los socialistas, estos últimos tendrían derecho a un alquiler social con opción a compra, lo que permitiría evitar la dación en pago, cuyas plusvalías han de pagarlas también los desahuciados.
La moción de Benidorm, sin embargo, ha salido adelante con el apoyo del Centro Democrático Liberal de Gema Amor y los votos del propio Partido Popular. En Elche, con un Ayuntamiento gobernado por el PP, se aprobó una moción muy similar con los votos de la oposición y la abstención del equipo de gobierno que dirige Mercedes Alonso. La oposición, formada por los socialistas y Partido de Elche, consiguió sacar adelante la propuesta con el voto de la concejal Cristina Martínez, que abandonó el grupo municipal del PP por discusiones internas. Fue un logro a medias de la PAH. Muchas entidades de carácter social y político firmaron aquella propuesta de moción pero el equipo de gobierno del PP no ha puesto en marcha el acuerdo, según explican los representantes de la plataforma en la ciudad ilicitana, la tercera valenciana en tamaño.
