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Interior pide más de cuatro años de cárcel por una protesta en Esplugues

Seis opositores a un plan urbanístico, a juicio por desórdenes tras siete años

Jesús García Bueno
Un instante de la protesta de 2007 en Esplugues de Llobregat, que acabó en incidentes con los Mossos.
Un instante de la protesta de 2007 en Esplugues de Llobregat, que acabó en incidentes con los Mossos.

Joan T. lleva siete años aguardando un juicio que puede acarrearle una pena de dos años de prisión por haber participado, en 2007, en una protesta en Esplugues (Baix Llobregat). La Fiscalía y el Departamento de Interior le acusan de desórdenes públicos junto a otras cinco personas que lucharon contra el Plan Caufec, la urbanización de una zona protegida en la sierra de Collserola. “En Manresa me conocen como el hippie. Soy antiviolencia total”, explica Joan, que ahora tiene 30 años y espera a su primer hijo.

Los hechos ocurrieron la tarde del 6 de octubre de hace siete años. Joan T. y el resto de acusados fueron los “organizadores” de la marcha y actuaron “todos de común acuerdo para los altercados que pudieran surgir”, recogen las acusaciones. Iban ataviados con “pelucas, gorros o narices de payasos” con los que, según la Fiscalía y la Generalitat, pretendieron camuflarse sin éxito. “Fue una jornada festiva y familiar. Salimos a la calle de forma pacífica, como siempre. La presencia policial fue lo que tensó las cosas”, replica Joan.

Aquella tarde, ninguno de los seis procesados fue identificado, ni mucho menos detenido. Pero meses después, recibieron una notificación para declarar como imputados. La Fiscalía entendía entonces que los hechos debían juzgarse como una simple falta (de desobediencia a los mossos), pero Interior presentó un recurso y logró que fueran acusados por delitos. Según las acusaciones, durante la protesta se produjeron “numerosos incidentes”. Dos agentes de los Mossos resultaron lesionados. Jofre A. propinó a uno “diversas patadas y puñetazos”, mientras que Miguel Ángel L. dio “un golpe en el brazo derecho” al otro. Ambos son los que podrían salir peor parados: aunque la Fiscalía les pide dos años por delito de atentado, Interior suma un delito de desórdenes públicos y solicita para cada uno cuatro años y tres meses de prisión.

Los acusados creen que el proceso ha estado plagado de irregularidades y que han sido cabezas de turco por oponerse a un “pelotazo urbanístico”. “El atestado policial está lleno de mentiras. Nos seleccionaron a dedo por ser los organizadores”, lamenta Joan.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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