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La Junta disolverá los consorcios escuela para crear un nuevo modelo

Diez centros, la mitad de ellos de hostelería, tienen deudas de hasta nueve meses

Ginés Donaire
Protesta trabajadores de la Hacienda La Laguna ante el Ayuntamiento de Baeza.
Protesta trabajadores de la Hacienda La Laguna ante el Ayuntamiento de Baeza.josé manuel pedrosa

El futuro de los consorcios andaluces de formación profesional especializada está lleno de nubarrones. Diez de estos consorcios escuela (todos menos la escuela de hostelería La Cónsula, de Málaga) se encuentran en una situación de absoluta parálisis. Los trabajadores, profesores, alumnos y proveedores, a los que la Junta les adeuda entre cuatro y nueve mensualidades, no saben si podrán iniciar el curso porque todo el proceso de matriculación se encuentra paralizado.

La intención de la Consejería de Educación, según se les transmitió en una reunión celebrada a finales de septiembre, es la de disolver todos los consorcios de formación, cuyos activos pasarán al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE). Según anunció el consejero de Educación, Luciano Alonso, en el Parlamento, el nuevo modelo en el que se basará la gestión de estos centros se iniciará el próximo 1 de enero. “Un modelo”, dijo Alonso, “que garantizará su viabilidad económica, el buen servicio público formativo y estabilidad a sus trabajadores”. A partir de ahora, según el consejero, estos centros no dependerán de una subvención anual sino que se buscarán otros recursos públicos y se promoverán acuerdos de colaboración con el sector privado para garantizar la posterior empleabilidad de los alumnos formados.

El personal teme que la continuidad pase por la mayor implicación financiera de los Ayuntamientos

Sin embargo, los recelos son muchos entre el personal de estos centros, que se temen que la continuidad futura pasará por la mayor implicación financiera de los Ayuntamientos donde están ubicados. En esta situación se encuentran las escuelas de hostelería de Cádiz, Baeza (Jaén), Islantilla (Huelva) y Benalmádena y Mijas (Málaga); la escuela de la madera de Encinas Reales (Córdoba); la del mármol de Fines (Almería), la de artesanos de Gelves (Sevilla); y el centro de restauración y rehabilitación del Albaycin, en Granada. Todos permanecen cerrados aunque sus más de 300 trabajadores continúan asistiendo a diario a sus puestos de trabajo. En el caso de la escuela de hostelería de Mijas se está aplicando incluso un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La situación es cada vez más desesperante entre trabajadores y profesores de estos centros, cuyos representantes se concentraron la semana pasada ante el palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Gobierno, para exigir soluciones urgentes a la Junta. “Más de 20 años de funcionamiento han sido necesarios para consolidar un ambicioso proyecto formativo, un instrumento que se ha demostrado útil para la formación y el trabajo de los desempleados y para revitalizar el sector empresarial de nuestra tierra, y que ha permitido dar un salto de calidad al turismo de interior de la provincia de Jaén”, comentaba Consolación Rodríguez, delegada sindical de la Escuela de Hostelería La Laguna durante la concentración que mantuvieron en días pasados ante el Ayuntamiento de Baeza, que participa con un 33% en la financiación de la escuela.

Las deudas, de hasta nueve mensualidades, afectan por igual a trabajadores y proveedores. Una situación que se remonta al trasvase de competencias desde la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a la de Educación, Cultura y Deporte, que dejó a estas escuelas en un limbo. Los interventores de la Junta se resisten a firmar las resoluciones de las ayudas desde el curso 2010-2011 tras la irrupción de la investigación judicial sobre el uso de los fondos sociales europeos en los cursos de formación profesional.

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Alonso garantizó que aportará las justificaciones que exige la Cámara de Cuentas 

Luciano Alonso garantizó en el Parlamento el cumplimiento de la legalidad y también que aportará las justificaciones de los pagos que exige la Cámara de Cuentas de Andalucía. También los responsables de estos centros defienden la correcta fiscalización de sus gastos, y para ello arguyen que la gestión está encomendada a un consejo rector con participación de la Junta y de los Ayuntamientos.

Solo la escuela de hostelería de La Cónsula de Málaga ha abierto sus puertas, al menos parcialmente, para 40 alumnos de segundo curso de sala y cocina. La Junta ya ha comunicado que asumirá en solitario la gestión de este centro, una decisión que ha sorprendido al Ayuntamiento de Málaga, que participaba con un 20% en la financiación del consejo rector del consorcio que también va a ser liquidado. El alcalde malagueño, Francisco de la Torre, criticó la “prepotencia” de la Junta, aunque añadió que se mantendrá la aportación municipal.

Tanto profesores como alumnos recuerdan la inversión de la Junta de unos 200 millones para dotar a estos centros de las mejores infraestructuras y medios en cada una de sus especialidades. Solo en el Centro Integral del Ocio de Mijas se llevan invertidos más de 20 millones de euros. “Por eso no entendemos cómo se está dejando morir estas escuelas”, indica un profesor de Baeza, donde los fogones que han catapultado a algunos de los mejores cocineros andaluces siguen apagados.

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