Libertad para los cuatro urbanos implicados en la red de prostitución
La prostitutas drogaban a los clientes para cobrarles con la tarjeta servicios que no se habían contratado
La juez del Juzgado de instrucción número 10 de Barcelona ha dejado en libertad provisional al cabo y a los tres agentes de la Guardia Urbana de Barcelona acusados de pertenecer a una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de una red de prostitución.
La juez dictó la orden de prisión el pasado 22 de septiembre tras considerar que tenía indicios suficientes como para imputar a los agentes los delitos de cooperación con organización criminal, revelación de secretos y soborno. Ha dictado la orden de libertad tras considerar que la instrucción está lo suficientemente avanzada como para considerar que los policías no pueden ocultar pruebas y no existe riesgo de fuga. El Consistorio barcelonés mantiene sobre sus cuatro funcionarios la suspensión de empleo y sueldo hasta que se esclarezcan los hechos.
Los cuatro agentes, que trabajaban en Sant-Monjuïc y el Eixample, están acusados de revelación de secretos, soborno y cooperación con organización criminal. Según la investigación, los guardias urbanos pertenecían a la organización criminal y daban apariencia de normalidad a las revisiones policiales efectuadas en los clubs de alterne implicados en la trama.
Se mantiene la suspensión de empleo y sueldo a los agentes hasta que se esclarezcan los hechos
El pasado viernes una mami o encargada de las prostitutas que ejercían en un local, declaró ante la juez que a algunos clientes se les cargaban servicios o se les inflaban las facturas cuando pagaban con tarjetas de crédito. La testigo llegó a asegurar que en los prostíbulos Fuego y Night Club, los dos clausurados, se llegó a introducir sustancias en las consumiciones de algunos de los clientes para aturdirlos y así inflarles las facturas.
La declaración de la testigo sirvió para que la juez dictara el pasado viernes la libertad provisional, con una fianza de 60.000 euros, para Juan Balcells, el fundador de Bailén 22, y Carlos Caballero, el otro empresario del mundo de la noche encarcelado. Los dos socios dirigen entre otros negocios los prostíbulos clausurados y Caballero también es uno de los actuales propietarios del Teatro Principal de Barcelona. La juez acusa a Balcells y a Caballero de delito fiscal continuado, blanqueo de capitales e incitación a la prostitución.
Según fuentes cercanas al caso, fueron las denuncias de clientes; sometidos a los supuestos envenenamientos y, presuntas, estafas; los que denunciaron los hechos a los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica inició entonces una investigación que ha culminado con el desmantelamiento de la presunta trama dedicada al blanqueo de capitales.
La instrucción todavía no se ha cerrado y la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelonano ha tomado todavía declaración a algunos de los 25 arrestados entre el 19 y el 22 de septiembre por su implicación en la trama.
