Multa al bombero coruñés que se negó a facilitar el desahucio de Aurelia Rey
El trabajador se enfrenta a una sanción de 600 euros por supuesta alteración del orden público
Su negativa a reventar hace año y medio el portal de un edificio de A Coruña para facilitar que se ejecutase el desalojo forzoso de la octogenaria Aurelia Rey, culpable de haberse retrasado en el pago del alquiler del modesto piso en el que vivió más de tres décadas, le convirtió en todo un símbolo nacional de la marea ciudadana contra la injusticia de los desahucios. Mañana, jueves, aquel bombero insumiso lleva al juzgado a la Subdelegación del Gobierno por imponerle una multa de 600 euros por supuesta alteración del orden público.
Fue en febrero 2013 cuando la controvertida orden judicial de desahucio de Aurelia Rey, costurera jubilada de 85 años, logró paralizarse gracias a la presión social de cientos de coruñeses, políticos y activistas. La noticia fue portada durante días de todos los medios de comunicación. Y la imagen de aquel hito fue el bombero, que junto a sus compañeros, se negó a reventar la cadena que cerraba el portal del edificio e impedía a los funcionarios judiciales ejecutar la orden de desalojo.
El hombre no fue sancionado por esa negativa que le valió una oleada de aplausos y agradecimientos en todo el Estado, sino por blandir, cuando regresaba a su camión, un cartel de Stop Desahucios. La Subdelegación coruñesa del Gobierno interpreta que aquel gesto fue “una alteración del orden público”.
Más de 100.000 firmas se recabaron en poco tiempo a través de la plataforma Change.org para reclamar que el gesto del bombero no tuviera consecuencias. Fue secundado por muchos parques de toda España y otros colectivos profesionales, como cerrajeros o jurisas, que también anunciaron su negativa a colaborar en cualquier proceso de desalojo forzoso de una vivienda.
Stop Desahucios convoca a movilizarse mañana ante el Juzgado del Contencioso Administrativo para reeditar el apoyo “al valor y solidaridad” del bombero. El colectivo recuerda que Galicia es la tercera comunidad con más expedientes administrativos de multas abiertos a participantes en protestas sociales. La presión ciudadana logró no sólo parar la sentencia firme de desahucio de Aurelia Rey, sino la consecución de un acuerdo con sus anteriores caseros para retirar toda denuncia así como un piso de alquiler social.
