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Convergència presiona a Pujol para que aclare en el Parlament su fraude fiscal

La formación nacionalista se esfuerza en marcar distancias con su fundador

Pujol evita hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban cuando salió ayer de su casa de Queralbs (Girona)
Pujol evita hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban cuando salió ayer de su casa de Queralbs (Girona)PERE DURAN

Jordi Pujol recibió a mediodía del martes la visita de un dirigente de su partido, Convergència (CDC), que le trasladó personalmente el mensaje que la formación ha lanzado a la opinión pública durante los últimos días: es conveniente que el expresidente de la Generalitat comparezca en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre su fraude fiscal. Los nacionalistas intensifican así la presión sobre su fundador después de que este confesase a finales de julio que su familia mantuvo en Andorra 34 años dinero sin declarar.

El responsable de régimen interno y comunicación de CDC, Francesc Sánchez, quien también representa al partido en los asuntos judiciales, visitó a Pujol en Queralbs (Girona), donde el expresident se trasladó varios días después de su confesión. La reunión, que duró una hora, transcurrió en un tono cordial, según fuentes cercanas al partido. Sánchez planteó al exdirigente, de 84 años, la necesidad de que acuda al Parlament para responder a las preguntas de los diputados.

La cita tuvo un carácter técnico, según las mismas fuentes: Sánchez y Pujol conversaron sobre el posible desarrollo de la comparecencia, exigida por toda la oposición. El expresident dijo a su interlocutor que reflexionará sobre la petición, aunque no le avanzó una respuesta. Mostró su acuerdo con las decisiones adoptadas por Convergència y su comprensión con las reacciones que ha provocado su confesión. El exlíder nacionalista asumió su “completa responsabilidad” en el asunto y evitó críticas o reproches a la dirección del partido.

Un dirigente de CDC

El coordinador general de CDC, Josep Rull, dio a conocer ayer esa reunión, que circunscribió al ámbito político, no judicial. Rull calificó de “estrictamente privada” la denuncia que ha interpuesto en Andorra la familia Pujol por vulneración del secreto bancario, informa Clara Gil. La familia también ha presentado un recurso para evitar que las autoridades de ese país faciliten los datos solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La defensa de Pujol considera que los datos sobre las cuentas de la familia se obtuvieron de forma ilícita —los filtró, presuntamente, un empleado de Banca Privada de Andorra— y que la investigación judicial está viciada de origen.

Convergència necesita imperiosamente que Pujol acuda a la Cámara para ofrecer un gesto claro de nula complicidad con su evasión. La oposición ha acusado a los nacionalistas de ser condescendientes con el expresidente de la Generalitat, aunque los dirigentes del partido lo niegan y se esfuerzan en marcar distancias con quien ha sido todo en el partido. No es esa la sensación en Unió. El democristiano Josep Maria Pelegrí, consejero de Agricultura, estimó “decepcionantes” las palabras de determinados miembros de Convergència, en alusión a las palabras de Rull o de la portavoz Merce Conesa, al entender que se ensañan con su fundador.

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El momento resulta delicado para CDC, superada por Esquerra en las últimas elecciones europeas y con una incierta relación con Unió. Si Pujol no comparece, CDC se arriesga además a que Esquerra, el socio que le da estabilidad parlamentaria, pida una comisión de investigación.

Desde su confesión, Pujol también ha intentado distanciarse de su partido. Ha contratado, por ejemplo, a abogados no ligados a Convergència. Tras hablar con Artur Mas, renunció de forma voluntaria a su salario como expresident y a otros privilegios, como su oficina en el centro de Barcelona. 

La posibilidad de que pida la baja voluntaria del partido como militante de forma voluntaria no se ha planteado, pero Conesa no se esforzó el martes en rechazarla cuando se le preguntó por esa eventual renuncia. Dijo que, si se da el caso, se le aceptaría como a cualquier otro militante. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, fue muy duro con Pujol cuando se destapó el fraude (“debería desaparecer”, espetó), y le pidió la medalla de la ciudad. El martes resumió quizá mejor que nadie la sensación en CDC: “Yo le seguiré queriendo mucho. Le debo todo. Pero se ha equivocado de forma grave”.

Entre el secreto bancario y el antiguo paraíso fiscal

DANI CORDERO

Andorra dejó de ser un paraíso fiscal para España en 2011, un año después de que el Estado pirenaico firmase un acuerdo con el Gobierno que suponía un paso más en los convenios previos de intercambio de información fiscal. Si antes un juzgado español podía reclamar información sobre las cuentas de un ciudadano español sobre el que se tenían pruebas suficientes para abrir una investigación, desde hace tres años esa misma petición la puede hacer también la Agencia Tributaria. Es la base de ese acuerdo la que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha tenido en cuenta para recabar datos sobre las cuentas andorranas de Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, imputado por supuesto blanqueo de de capitales. Igual argumento ha utilizado el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona para pedir los mismos datos de todos los hermanos Pujol Ferrusola y de sus padres por la supuesta herencia no declarada.

El clan Pujol intenta evitar que el proceso siga adelante ante el riesgo de que deba asumir consecuencias. Antonio Durán-Sindreu, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, cree que difícilmente se podrá librar tras haber ocultado durante décadas la supuesta herencia legada por Florenci Pujol, padre del exmandatario, que sí tendrían que haber incluido en una declaración de bienes en el extranjero. “Ese es el pecado imposible de reparar sin peaje fiscal por quien incumplió con esa obligación”, indica.

La defensa que encabeza Cristóbal Martell pretende evitar que la banca facilite datos, argumentando que la filtración procede de una filtración de un exempleado bancario, lo que es delito según el Código Penal andorrano. El Ejecutivo y la banca andorrana evitan hacer declaraciones sobre un caso que ha vuelto a poner en evidencia su defensa del secreto bancario, pero todo apunta a que colaborarán con España. El Gobierno se juega la imagen de ex paraíso fiscal y la banca, los intereses que ha amasado en los últimos años en España, con voluminosas inversiones.

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