La Generalitat plantea aplazar la consulta y abre una crisis con ERC

El Gobierno catalán ya reconoce que el referéndum independentista previsto para el próximo 9 de noviembre podría “aplazarse” si el Tribunal Constitucional suspende la ley catalana de consultas, como el Ejecutivo de Mariano Rajoy espera que ocurra. La vicepresidenta del Gobierno catalán, Joana Ortega, de Unió Democràtica, es el primer miembro del Ejecutivo catalán que ha admitido esa posibilidad. Lo hizo ayer sin que ningún otro miembro del Gobierno de Artur Mas la corrigiera, lo que en cuestión de minutos abrió una crisis con Esquerra Republicana. Esta formación condiciona su apoyo al presidente catalán a que el referéndum se celebre en los plazos previstos. Para los republicanos, las palabras sobre un posible aplazamiento significan que el Ejecutivo de CiU “ha decidido suicidarse”.

Ortega ya dijo el lunes que solo avalaría la consulta si se podía celebrar dentro de la legalidad, entendiendo por ello que la ley de consultas de Cataluña pueda aprobarse y aplicarse con normalidad a partir de septiembre. Eso ya inquietó a los sectores más soberanistas, que suelen ver en los dirigentes de Unió Democràtica un freno al “derecho a decidir”. Pero la inquietud del soberanismo se disparó ayer, cuando la vicepresidenta insistió en la emisora Rac 1 en que el referéndum debe ajustarse a la legalidad para que el proceso sea “impecable”, y abrió la puerta a aplazar la votación si el Estado recurre ante el Constitucional el decreto de convocatoria. “Yo trabajo por este 9 de noviembre, y si no, habrá otro 9 de noviembre (...) No le puedo decir si será en febrero, pero un recurso no mata nada [del proceso soberanista], lo aplaza. No mata el ansia de los catalanes de votar. (...) Se aplaza el proceso, pero el anhelo sigue vivo”, afirmó.

Hasta ahora, la posición oficial del Gobierno catalán había sido que el referéndum se celebraría legalmente porque entendía que tendría el amparo de la ley autonómica de consultas que el Parlamento prevé aprobar en la tercera semana de septiembre, probablemente el viernes 19. El presidente Mas así se lo comunicó al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la entrevista que mantuvieron en La Moncloa el pasado 30 de julio. Unió Democràtica siembre había hecho hincapié en la necesidad de que el referéndum fuera pactado con el Gobierno central, algo que cuadra con la voluntad expresada ayer por Ortega.

A la espera de que Mas tome hoy cartas en el asunto —hoy tiene previsto un acto sobre el tricentenario de la derrota de los partidarios del archiduque Carlos, atrincherados en Barcelona, ante las tropas de Felipe V—, Esquerra Republicana se apresuró a marcarle las líneas rojas. Y lo hizo por partida doble. Primero fue el diputado Joan Tardà quien acusó a Ortega de pretender “desmovilizar” a los ciudadanos con vistas a la manifestación de la Diada y quien aseguró que tenía la sensación de que el Gobierno catalán “ha decidido suicidarse”.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Alfred Bosch, afirmó después que una demora sería “un engaño al pueblo catalán. Ya tenemos uno. ¿Para qué queremos otro 9 de noviembre? ¿Qué cambiará?”, se preguntó el también alcaldable de los republicanos por Barcelona.

El entorno de Mas guardó un silencio sepulcral. El único dirigente de Convergència que habló fue el presidente de la Asociación Catalana de Municipios, Miquel Buch, quien siguió defendiendo la tesis de que “no debe haber un retraso” en la consulta y que “lo más adecuado es votar el 9 de noviembre”.

La indignación de las entidades independentistas contra Ortega es mayúscula. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que no renunciarán al referéndum de noviembre. “De ninguna manera podemos aceptar que el Tribunal Constitucional condicione una votación democrática. La consulta es el instrumento democrático y transparente que tenemos, y no renunciaremos a ella por una sentencia del tribunal”, recalcaron.

Iniciativa y la CUP, los otros partidos que suscribieron el pasado diciembre, junto a CiU y ERC, la fecha y la pregunta de la consulta, tampoco escondieron su contrariedad. El portavoz adjunto de ICV-EUiA en el Parlamento autonómico, Joan Mena, advirtió de que poner en duda esta votación “es dar la propiedad del ‘derecho a decidir’ al Gobierno español y al Constitucional. La única alternativa a la consulta es la consulta”, aseguró, al tiempo que instó al Ejecutivo catalán a acabar con las especulaciones. La CUP advirtió: “El referéndum es irrenunciable”.