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Fianza de 280.000 euros para el presidente de la Diputación de Tarragona

El juez da al alcalde de Vila-seca cuatro días para aportar el dinero bajo amenaza de embargo

Josep Poblet, alcalde de Vila-seca y Presidente de la Diputación de Tarragona por CiU.
Josep Poblet, alcalde de Vila-seca y Presidente de la Diputación de Tarragona por CiU.JOSEP LLUÍS SELLART

El juez del juzgado de instrucción 3 de Reus (Baix Camp), que investiga el caso Innova,pide al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca (Tarragonès), Josep Poblet (CiU), depositar una fianza de 280.000 euros por presuntas irregularidades en la construcción de un Centro de Atención Primaria (CAP) en el municipio. Poblet está imputado junto al arquitecto Jorge Batesteza, ex gerente de Infraestructuras del Servei Català de la Salud (CatSalut) y a otros seis regidores convergentes de Vila-seca, que formaron la anterior Junta de Gobierno Local. Se trata de Xavier Farriol, Manuela Moya, Josep M. Pujals, Josep Toquero, Esmeralda Núñez y Ana Josefa Girona. El juez requiere también a estos acusados depositar cada uno la misma cantidad que Poblet, por lo que las fianzas suman un total de 2,2 millones de euros. Los acusados deben presentar el importe en un plazo de cuatro días o de lo contrario “se procederá al embargo de sus bienes”, expone un auto dictado ayer sobre el que cabe interponer recurso.

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 El presidente de la Diputación de Tarragona, que se negó a declarar ante el juez, los ediles y el arquitecto están imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos. En el auto de ayer el juez les acusa, además, de tráfico de influencias. El ex arquitecto municipal de Vila-seca, Bertran Ferrús, también será interrogado para decidir si se le impone fianza.

Los hechos investigados por el juez, la fiscalía y la Guardia Civil arrancaron cuando Batesteza abandonó su cargo en el CatSalut, en mayo de 2007, y se le adjudicaron varios servicios de asesoría técnica relacionados con las obras del nuevo hospital de Reus, por el que cobró presuntamente 387.000 euros injustificados, caso que también se encuentra bajo investigación judicial, además de labores relacionadas con el CAP de Vila-seca.

En esta última instancia el juez cree que el arquitecto y su empresa, BBATS Consulting, fueron contratados de manera fraudulenta entre 2007 y 2010 por unos 60.000 euros.

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El juez indica que se habría troceado un contrato en cinco menores “para evitar el procedimiento de contratación ordinario”, con lo que no se convocó ningún concurso público para “beneficiar a Batesteza frente a posibles competidores”. Por otro lado, el juez indica que Poblet y los ediles imputados habrían utilizado al arquitecto, con su beneplácito, para lograr que los trámites del nuevo CAP de Vila-seca se hiciesen rápidamente. “Esto se hizo aprovechando la influencia que tenía Batesteza sobre los técnicos del Departamento de Salud por haber ocupado cargos directivos allí”, remacha el juez, que cuestiona que los trabajos se hicieran realmente.

“No estaría justificado que la oferta de Batesteza y BBATS Consulting fuese la más ventajosa ni que los trabajos efectivamente pagados fuesen realmente realizados y, de la misma manera, no estaría justificado su pago por cuantos muchos de esos trabajos ya estarían realizados por otras personas cuando se adjudicaron a Batesteza”, añade el juez. El Consistorio contestó ayer que su gestión se basa en el “rigor” y la “transparencia” y anunció que los vecinos pueden acudir a examinar la documentación judicializada.

El CAP de Vila-seca, ubicado en la calle Galceran de Pinós, costó 11,2 millones de euros. El proyecto se remonta a julio de 2006, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con el Departamento de Salud, entonces dirigido por Marina Geli (PSC).

En mayo de 2009 el Consistorio adjudicó la construcción a la empresa Comsa en un solar de 4.270 metros cuadrados cedido por Vila-seca al CatSalut. Fue inaugurado en 2012. La supuesta corrupción se investiga en la pieza separada número 8 del caso Innova, un macroproceso judicial que tiene como epicentro un cúmulo de presuntas ilegalidades perpetradas en las empresas municipales de Reus. Poblet está casado con Ester Ventura, directora financiera de Innova, entre 2002 y 2012. Ventura está acusada de ilegalidades en Innova e imputada en otras piezas separadas de caso por, entre otros, blanqueo.

 

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