Los catalanes residentes en el resto de España no votarán el 9-N

Los catalanes que residan en el resto de España no podrán votar en las consultas que organice la Generalitat al amparo de la ley que se está tramitando en el Parlament. La ponencia de la ley de consultas descartó este viernes por cuestiones de complejidad “jurídica y operativa”, el mecanismo que se había planteado para que los catalanes empadronados en otras autonomías pudieran votar en la eventual consulta soberanista del 9 de noviembre. En cambio, la ley sí reconocerá el derecho de voto a los catalanes que residan en el extranjero.

Convergència i Unió, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana, Iniciativa y la CUP celebraron ayer la penúltima reunión de la ponencia que está elaborando el texto. Todos ellos prevén cerrar la ponencia la semana que viene para que el pleno del Parlamento pueda aprobarla definitivamente en septiembre.

Los diputados que participan en la ponencia habían solicitado la opinión de los servicios jurídicos del Parlament y del Gobierno sobre un posible mecanismos de participación en consultas por la vía de la “vecindad civil”, a la que tendría derecho un ciudadano que haya residido en Cataluña con anterioridad pero que, en estos momentos, esté empadronado en otra comunidad autónoma.

Pero el Gobierno, según fuentes parlamentarias ha concluido que operativamente generaría unas “dificultades extraordinarias”. Por esta razón el Gobierno ha decidido descartar esta vía, que Convergència i Unió ya consideraba poco factible desde el comienzo.

Quienes no tendrán problema para votar en las consultas que organice la Generalitat serán los residentes en el extranjero. Para hacerlo tendrán que estar inscritos en el llamado “registro de catalanes” en el exterior, que el Gobierno puso en marcha el mes pasado.

En cuanto a los ciudadanos que viven en Cataluña, los que son nacionales con padrón podrán participar, pero aún está por decidir, en el caso de inmigrantes, el mínimo de tiempo de arraigo que se les exige. Tampoco se ha cerrado el plazo temporal entre el decreto de convocatoria de la consulta y el día de su celebración.

La Generalitat pretende utilizar la Ley de Consultas para dar amparo legal al referéndum de autodeterminación del 9 de noviembre, algo que el PSC ya ha asegurado que no apoyará pese a votar el texto legal.