Archivada la causa contra 12 consejeros que no apoyaron los sobresueldos

El juez que investiga los sobresueldos a los altos cargos de Catalunya Caixa -en manos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- ha archivado la causa contra 12 de los 54 consejeros imputados, ya que no apoyaron en ninguna votación interna las retribuciones de la cúpula directiva.

En concreto, se trata de los consejeros Montserrat Robusté, Jordi Andreu Corbaton, Juan Arnal Albesa, Josep Alonso Roca, Benet Botifoll, Genís Garriga, Sara Cardona, Florentí Jorge Machado, Francesc Mauri Casas, Pau Ricomà, Angel Cunillera e Ignasi Carnicer.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona acuerda el sobreseimiento de la causa contra 12 de los 54 miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera imputados, ya que votaron en contra o se abstuvieron en la votación sobre los sobresueldos, efectuadas en enero y octubre de 2010. El juez mantiene imputados al ex presidente de Catalunya Caixa Narcís Serra, el exdirector general Adolf Todó y otros 40 miembros de la antigua cúpula de la entidad, por aprobar aumentos retributivos y garantizar indemnizaciones a los altos cargos en 2010, cuando la entidad estaba en una situación crítica y tuvo que acudir al FROB para pedir una ayuda de 1.250 millones de euros.

En el auto, el juez considera que, de las actuaciones practicadas hasta el momento, se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal. El primer acuerdo que investiga el juez se aprobó el 19 de enero de 2010 y consistió en aumentar el sueldo variable del entonces director Adolf Todó del 35 al 50% y de su adjunto, Jaume Massana, del 35 al 45%. El segundo acuerdo se aprobó el 13 de octubre del mismo año, para aumentar el sueldo para el año 2011 de los miembros del comité de dirección, de forma que Todó pasó a cobrar 812.502 euros (frente a los 800.481 que cobraba) y Massana 610.201 (frente a los 598.428).

Según la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha dado pie al inicio del proceso judicial, pese a que Serra -que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González- tenía un cargo representativo, recibía "elevados emolumentos en concepto de dietas", que en 2006 llegaron a los 135.707 euros, hasta que entre 2007 y 2010 combinó las dietas con un salario, por lo que pasó a cobrar entre 236.000 y 260.000 euros anuales.

En su declaración ante el juez como imputados, el pasado 21 de octubre, Serra y Todó defendieron la legalidad de los aumentos salariales aprobados para directivos en 2010 y alegaron que fueron avalados por el Banco de España y recomendados por consultas externas. Por contra, en el auto el juez entiende que no existen motivos suficientes para acusar como autor o como cómplice a los miembros del Consejo de Administración de la entidad financiera que votaron en contra o se abstuvieron "por razones indeterminables" en los puntos relativos a las altas retribuciones de la cúpula. No obstante, el juez no descarta que estos 12 consejeros puedan ser citados como testigos, por lo que tendrían que declarar "con obligada veracidad".