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opinión

Una sentencia ejemplarizante

Tras la reforma laboral, la nueva arquitectura de la absoluta desigualdad exige el sometimiento absoluto de los que prestan su fuerza de trabajo

El día en que el Gobierno aprobó la reforma laboral empezó una nueva época. El trabajo dejó de ser un derecho y se convirtió en un privilegio. No era el despido lo que había que abaratar sino el salario. No era una medida coyuntural motivada por la crisis económica sino el inicio de una nueva era. No era la época de la abundancia la que se terminaba sino la de los derechos. La nueva arquitectura de la absoluta desigualdad exigía el sometimiento absoluto de los que prestan su fuerza de trabajo.

Esa nueva época se empezó escribiendo con las palabras desesperanza y miedo. Millones de personas accedieron a renegociar sus contratos, a trabajar por la mitad, a hacer horas extraordinarias que se han vuelto invisibles y forzosas, al incumplimiento de los horarios. El miedo a ser el siguiente despedido nos hizo agachar la cabeza, lamentar nuestra mucha o poca edad (siempre inconveniente), sustituir nuestros convenios por un cheque en blanco que el mercado rellena progresivamente a la baja.

Pero si esto no fuese suficiente, el Gobierno prepara fuertes sanciones para castigar la movilización popular, para frenar las huelgas, para obstaculizar los derechos de una Constitución que tanto incumplen. “Sus deseos son órdenes para mí” parece ser su lema y se anticipan a sus demandas preparando el terreno para el futuro, redactando proyectos de ley infumables, y rescatando del baúl de los recuerdos viejas disposiciones que nunca se han aplicado con tan inusitada dureza.

El fiscal que acusaba a Carmen y Carlos exigió “una condena ejemplarizante”. Tomen nota de la palabra, por favor. Aparte de que las sentencias no deben ser “ejemplarizantes” sino justas, ¿a qué clase de ejemplaridad se refiere el ministerio fiscal? ¿Qué enseñanza debe extraer la sociedad de esta sentencia? Carmen y Carlos habían participado junto a otras 40 personas, en un piquete en la huelga de 2012 que hicieron algunas pintadas en un establecimiento y causaron unos daños estimados pericialmente en 600 euros. Sus nombres fueron tomados al azar por la policía. Ni siquiera fueron los protagonistas de los hechos, aunque se aprestaron a pagar los daños estimados. Nunca han entendido su procesamiento ni la dureza con que han sido penalmente tratados. El juez, Manuel Piñar, sin embargo, entendió perfectamente el mensaje de la ejemplaridad, el viento de los nuevos tiempos represivos, y triplicó la apuesta del fiscal: tres años de cárcel por “un delito contra el derecho de los trabajadores”. Sería cómico si no fuese tan dramático.

Carlos ha terminado esta semana la carrera de Medicina. Esperaba hacer el MIR pero el juez ha metido en la cárcel sus sueños. Carmen, por su parte, es una trabajadora en paro que ha agotado sus prestaciones y que tiene a su cargo, en solitario, a un adolescente. Su única preocupación es qué ocurrirá con su hijo. Quienes se han entrevistado con ellos, dicen que su historia “hace a las piedras llorar”. Si la ejemplaridad que nos preparan es enviar tres años a la cárcel a dos ciudadanos decentes, pobre democracia la nuestra.

@conchacaballer

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