Comienza el macrojuicio por blanqueo contra Marcial Dorado y otros 15 acusados

Es una de las mayores investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera por blanqueo de dinero y pone el foco sobre un entramado societario con ramificaciones en 13 países (nueve de ellos paraísos fiscales) y un patrimonio embargado de 21,8 millones de euros. Considerado el mayor contrabandista de tabaco de la Ría de Arousa durante dos décadas y luego condenado por narcotráfico, Marcial Dorado se sienta desde hoy en el banquillo junto a otras 15 personas, cinco de ellos familiares, como presuntos colaboradores y testaferros de sus bienes.

La Operación Dourado que se inició en 2004 dio un vuelco al largo historial tabaquero del acusado, avalando la tesis que sostiene la Fiscalía Antidroga de que Dorado “venía dedicándose al tráfico de drogas desde los noventa, a través de la fabricación de embarcaciones de alta velocidad, entre otras actividades”. El ambicioso proyecto empresarial de Dorado, con el que llegó a tocar casi todos los sectores económicos, contrasta con su trayectoria personal, obsesionado por mantener una vida discreta. Uno de los episodios de su vida mejor guardados fue la relación de amistad que mantuvo con el presidente de la Xunta y que trascendió hace un año con la publicación de una fotos de ambos a mediados de los noventa, cuando Alberto Núñez Feijóo era el número dos de la Consellería de Sanidade.

El punto de inflexión de este macrojuicio es la lancha Nautillus, matriculada en Belice, que Dorado construyó en 1997 en los Astilleros Hércules de Ferrol y que vendió por 50.000 euros a la organización que fletó el envío de seis toneladas de cocaína por la que fue condenado a 10 años de cárcel. La proyección naviera de Dorado, de 64 años, que comienza en 1994 con la compra de Gallega Off Shore. La empresa llegó a compartir instalaciones con Astilleros Hércules donde se construyeron cinco embarcaciones, algunas intervenidas como la Oratus, con base en Ibiza, y que son una de las pruebas de convicción de la fiscalía para demostrar que no se emplearon para introducir tabaco sino droga.

De las sociedades intervenidas, 24 de ellas son españolas y con domicilio en Vilagarcía, y 13 extranjeras, con sede en Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Belice, Liechtenstein, Bahamas, Portugal, Liberia y Marruecos. La empresa matriz es Adlata AG, creada en 1989 a través de su fiduciario Antón Franz Furrer, que adquiere las acciones de la Inmobiliaria Marli. La actividad en Suiza se centra primero en Lugano y posteriormente en Ginebra, según informes de Aduanas. Para crear sociedades off-shore y abrir cuentas bancarias, Dorado contactó en 1997 con un gestor de fortunas suizo, Vincenzo Liparulo, apodado Enzo, que gestionó sus empresas a través de la sociedad Elivnvest, Sarl y Progresco para promover la constitución de cinco empresas en paraísos fiscales entre septiembre y noviembre de 1997. El dinero en efectivo llevado a Suiza directamente o mediante ingresos en otros países intermediarios como Andorra, era transportado por personas que no han sido identificadas, relata el escrito de acusación.

La defensa de Dorado tratará de demostrar que el dinero inyectado en las empresas y el patrimonio intervenido proviene del contrabando de tabaco y no del narcotráfico. Incidirá en el hecho de que el cargamento de seis toneladas de cocaína que desencadenó su detención en 2003 fue incautado por Vigilancia Aduanera y la lancha que Dorado vendió a la organización no pudo intervenir por una avería. La fiscalía solicita para Dorado 15 años de cárcel por cinco presuntos delitos: blanqueo, delito fiscal, falsedad documental, colaboración con organización criminal y violación de secretos. En el banquillo se sentarán dos guardias civiles, un aduanero y dos abogados. En los 13 jornadas de juicio declararán como testigos más de 50 personas.