Bonig refunde las leyes urbanísticas y asume el fin de la burbuja inmobiliaria
El texto protege más al propietario pero amplía la figura del agente urbanizador
La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, consagró este viernes el fin de la burbuja inmobiliaria de manera oficial. Bonig logró el visto bueno del Consell para aprobar el proyecto de ley de Ordenación del Paisaje, Urbanismo y y Territorio (LOPUT), que supondrá la derogación de la ley UrbanísticaVvalenciana, la ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la ley del Suelo no Urbanizable, la ley reguladora de campos de golf y la de actuaciones territoriales estratégicas. En total cinco leyes y dos decretos que se refunden en un único texto mucho más simple —se pasa de los 1.269 artículos actuales a 269— que pretende no repetir los excesos del pasado. La ley incrementa la protección de los propietarios para evitar abusos por parte del agente urbanizador y que supusieron una reprimenda a la Generalitat por parte de la Unión Europea.
Sin embargo, la figura del agente urbanizador se traslada a la edificación, lo que permitirá la entrada de terceros en la construcción y rehabilitación de edificios, mediante proceso de pública concurrencia y con garantías para los propietarios.
Bonig explicó que con la nueva legislación se pretende “actuar sobre la ciudad consolidada”, es decir, se frenan los grandes desarrollos urbanísticos —por otra parte ya inexistentes— y se prima la rehabilitación, la venta de los inmuebles existentes y la puesta en el mercado de solares públicos.
El Consell aprueba la liquidación del presupuesto de la Generalitat de 2013
Además, se acompasan los criterios medioambientales con los urbanísticos y se unifican los procedimientos para evitar retrasos en los proyectos urbanísticos. La nueva ley permitirá, no obstante, una transición larga y flexible para que, por ejemplo, los ayuntamientos que están tramitando proyectos urbanísticos puedan decidir si los terminan con la nueva normativa —que todavía tiene que ser aprobada por las Cortes Valencianas— o lo hacen con las anteriores.
El proyecto de ley, “un tocho” en palabras de la propia Bonig, se dará a conocer con detalle la próxima semana, aunque incluye algunas novedades llamativas. Por ejemplo, la Consejería de Infraestructuras copia una fórmula utilizada con éxito en el País Vasco que permitirá a los municipios vender “el derecho de superficie durante 75 años” sobre un solar público para abaratar el precio y facilitar la construcción.
También se modifican las normas para regularizar viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable. Se reduce el número de viviendas que pueden ser legalizadas a tres sobre una hectárea, en vez de las diez actuales sobre un radio de 100 metros siempre que haya acuerdo entre propietarios y ayuntamientos para financiar las infraestructuras básicas de alumbrado, alcantarillado, etc. Un precepto que no será válido en suelo no urbanizable protegido, donde se amplía de cuatro a 15 años el periodo de no prescripción de la ilegalidad.
La consejera manifestó que durante el proceso de consulta se han presentado más de 1.200 alegaciones individuales.
Dimite Bruno Broseta, secretario autonómico del Sector Público
No será esta la única cuestión que el Gobierno valenciano explicará con mayor detalle en los próximos días. El vicepresidente y portavoz, José Ciscar, reconoció que en la misma reunión se aprobó la liquidación de los presupuestos de la Generalitat de 2013, que se publicará en breve y de la que dará cuenta el titular de Hacienda, Juan Carlos Moragues.
Un consejero que pierde en su organigrama la secretaría autonómica del Sector Público tras la dimisión de Bruno Broseta a petición propia.
Broseta, según explicó el portavoz del Consell, se marcha después de dejar “encauzada” la reestructuración del sector público —empresas y fundaciones— que se ha traducido en cerca de 3.000 despidos y expedientes de regulación de empleo en algunas de las mayores empresas de la Generalitat, como la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El ya dimitido secretario autonómico había recibido algunas críticas por la actividad del bufete que dirige su hermano Manuel, presidente del lobby empresarial Conexus y conocido por su labor de intermediación entre las empresas y la Administración del PP valenciano.
Por otra parte, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra fue informado este viernes por el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, de la adjudicación del servicio de mantenimiento integral de los equipos de electromedicina por importe de 19,3 millones de euros. El concurso, dividido en siete lotes, reduce en un 12% el coste del concurso de 2012.
En la misma reunión también se decidió nombrar autor del año 2014 al poeta Jaime Siles.
