_
_
_
_
_

El Gobierno deja en manos de Barberá la exhumación de un represaliado

El Ejecutivo considera que el caso no es de su competencia El Ayuntamiento negó los permisos y luego rectificó

Pilar Alcorisa y su marido Luis Romero (centro) junto a otros miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Pilar Alcorisa y su marido Luis Romero (centro) junto a otros miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.Tania Castro

El Gobierno de Mariano Rajoy no intervendrá para permitir la exhumación de los restos de Teófilo Alcorisa, represaliado por el franquismo en 1947, y deja en manos del Ayuntamiento de Valencia la decisión de autorizarla o no. Aunque el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU instó al Gobierno a facilitar la exhumación, el equipo de Rajoy ha respondido a una pregunta de los socialistas asegurando que no actuará porque no es su competencia. La familia de Alcorisa se queja de la actitud obstruccionista de la alcaldesa, Rita Barberá, porque la demora del Consistorio en autorizar los trabajos les obligó a devolver la subvención estatal para recuperar los restos.

“El Gobierno Central ni ha hecho gestión alguna ni piensa acometer iniciativas concretas para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Teófilo Alcorisa”, explicó este martes el diputado socialista José Luis Ábalos, que acusa a Rajoy y Barberá de incumplir la Ley de la Memoria Histórica.

Teófilo Alcorisa fue detenido en su casa en 1947 y días más tarde falleció en dependencias policiales. Su cadáver fue enterrado en una fosa común del Cementerio General de Valencia y la expresa negativa por escrito del Ayuntamiento de Valencia ha impedido que la familia recupere unos restos por los que lucha desde 2009.

La intervención de la hija del represaliado, Pilar Alcorisa, en el pleno del Ayuntamiento el pasado mes de febrero, hizo que el Gobierno municipal asegurase que permitiría la exhumación. El Consistorio escudó su negativa inicial en que se había solicitado una exhumación ordinaria y no una de memoria histórica. Aunque la familia presentó de nuevo la solicitud, según el procedimiento indicado por el Ayuntamiento, asegura que todavía nadie les ha respondido.

La reivindicación familiar se centra, además, en dirimir quién sería ahora responsable de sufragar los gastos de la exhumación, ya que tuvieron que devolver cerca de 50.000 euros de subvención estatal por haberse cumplido los plazos sin hacer uso de los fondos.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_