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El Gobierno promete negociar sobre la mina de Aznalcóllar pese al recurso

Montoro rebaja la tensión y asegura que no se impedirá la reapertura del yacimiento

Manuel Planelles
Organizaciones y Administraciones a favor de Aznalcóllar.
Organizaciones y Administraciones a favor de Aznalcóllar. paco puentes

Sin que haya hecho falta que algún periodista le preguntara, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de visita este lunes en Sevilla, ha querido aclarar la posición del Gobierno respecto a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que apadrina la Junta de Andalucía. Según el ministro, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no tiene intención "política" de frenar el proyecto y la inversión en esta comarca sevillana, que rondaría los 300 millones.

Pero el Consejo de Ministros aprobó el viernes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de la Junta que daba cobertura legal a la reapertura de la explotación, protagonista hace 16 años de un enorme desastre medioambiental. El Gobierno central también autorizó la presentación de un conflicto positivo de competencias contra el concurso abierto para adjudicar el yacimiento, un paso que paraliza automáticamente el proceso desde el momento en el que el Constitucional admita el recurso. Montoro, que ha habló este lunes de un "malentendido", ha sostenido que durante esta semana habrá contactos entre la Junta y el Ejecutivo central para buscar una salida al problema generado.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha confirmado que Montoro le ha trasladado su intención de "llegar a un acuerdo". "Le he visto buena voluntad", ha dicho Sánchez Maldonado, aunque la incertidumbre en su departamento es grande por cómo se ha fraguado el recurso desde Madrid.

El ministro ha circunscrito el conflicto a discrepancias sobre las "competencias". El Gobierno cree que la Junta podría haberse arrogado "facultades" que son del Estado, como sería la reserva minera que ha declarado el Ejecutivo andaluz para poder abrir el concurso para la reapertura de Aznalcóllar. Montoro ha asegurado que negociará con la Junta "para despejar cualquier duda" y que se pueda "seguir con el procedimiento habilitado por la Junta de Andalucía".

El paso dado por el Gobierno central ha generado una catarata de declaraciones contrarias a esa decisión desde que el Consejo de Ministros aprobó el viernes presentar el recurso. Sánchez Maldonado ha asegurado que se enteró del recurso "el viernes a las tres de la tarde". Su departamento sostiene que el Ministerio de Industria no le ha trasladado nunca sus dudas legales sobre el decreto, que se aprobó en diciembre de 2013 y que ahora se quiere recurrir.

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, que ha coincidido con Montoro en Sevilla, le ha trasladado su malestar por que el Gobierno no alertara antes de esa supuesta invasión de competencias. Sánchez Maldonado también se ha quejado de que, durante todo el fin de semana, intentó contactar con el ministro José Manuel Soria, responsable del sector minero, pero no logró hablar con él.

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La solución a este conflicto, que parece meramente formal, podría ser rápida si hay voluntad en las dos partes. Los decretos de traspaso de funciones entre el Estado y las comunidades autónomas suelen ser habituales. Sin embargo, el paso dado por el Gobierno puede provocar que las empresas interesadas en Aznalcóllar se piensen acometer la inversión ante la falta de seguridad jurídica. El presidente de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios, Francisco Moreno, ha indicado que tiene conocimiento de tres sociedades interesadas en Aznalcóllar, aunque ninguna ha presentado aún su propuesta formal para el concurso, que estará abierto durante un mes más.

Patronal, sindicatos y alcaldes piden que se retire el pleito

El paso dado por el Gobierno contra el decreto que permitiría la reapertura de Aznalcóllar y contra el concurso para la adjudicación de la mina ha movilizado a sectores dispares, que este lunes han pedido al Estado que retire el recurso ante el Tribunal Constitucional. Tras una reunión auspiciada por la Consejería de Economía, la Diputación de Sevilla, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), UGT, CC OO y los Ayuntamientos de Aznalcóllar, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Ronquillo y El Madroño han firmado una declaración conjunta de apoyo a la reapertura del yacimiento. Se insta al Gobierno "a que no presente el recurso de inconstitucionalidad que anunció el pasado viernes" y se abra una "vía de negociación", mediante "la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado".

La incertidumbre y la falta de información están marcando este conflicto. El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda tiene de plazo hasta este martes para presentar el recurso, algo que paralizaría el concurso para la adjudicación. A la consejería no ha llegado este lunes la notificación de que se hubiese presentado ante el Tribunal Constitucional. Este periódico ha preguntado por este asunto a los ministerios de Hacienda, de Industria y de Justicia. Ninguno ha aclarado si se había presentado o si se tiene intención de hacerlo este martes.

Las organizaciones firmantes de la declaración alertan de que este enfrentamiento abierto entre las dos Administraciones puede afectar a las empresas que estaban interesadas en Aznalcóllar y a la "imagen de Andalucía, como territorio atractivo para las inversiones nacionales e internacionales".

En la declaración también se solicita "mantener el consenso político en torno a la actividad minera en Andalucía, puesto de manifiesto en el respaldo unánime de todos los grupos con representación en el Parlamento". En esta Cámara, PP, PSOE e IU han votado a favor de la reapertura en dos ocasiones en los últimos siete meses. Los firmantes del texto creen que no se puede "impedir la atracción de inversiones y la creación de puestos de trabajo en Andalucía". El "único límite" sería "el rechazo a la admisión al concurso de ninguna empresa que, directa o indirectamente, tenga relación con la multinacional Boliden" mientras esta no haga frente al coste de la reparación del desastre ambiental de 1998, que fue asumida por las Administraciones.

La única organización que ha aplaudido públicamente el recurso del Gobierno central ha sido Ecologistas en Acción. En su opinión, este asunto saca "a la luz la absoluta arbitrariedad con la que habitualmente actúan las autoridades mineras y ambientales andaluzas".

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.

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