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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La privatización de los aparcamientos

El calendario le ha vuelto a jugar una mala pasada al alcalde Trias. La coincidencia de la liquidación del presupuesto municipal del año 2013 con la aprobación, junto a PP y UxB (la ERC barcelonesa), de la privatización de la gestión de 26 aparcamientos de la zona central de la ciudad ha puesto de manifiesto que es un engaño buscar 100 millones de euros durante 2014 cuando disponía de 140 millones el año anterior. El argumento del populista cheque de 100 millones para vivienda pública se les ha esfumado de las manos.

El otro argumento al que recurren para justificar la venta durante 25 años de este patrimonio estratégico es el de la movilidad. En palabras de la concejala Sònia Recasens “la operación aumentará la capacidad del Ayuntamiento de intervenir en la gestión de estos aparcamientos, hecho que se traducirá en mejores políticas de movilidad sostenible (…), formando parte con un 40% de la sociedad que tendrá la concesión, la administración incidirá de una forma más potente”.

El argumento del populista cheque de 100 millones para vivienda pública se les ha esfumado de las manos

Basta reproducir el argumento para constatar lo tramposo del mismo. La capacidad de incidencia del Ayuntamiento en los aparcamientos proviene de su papel de regulador o concedente y de su capacidad de gestionar directamente algunos de ellos a través de la empresa municipal que gestiona servicios e infraestructuras relacionadas con la movilidad y el ocio, Barcelona Serveis Municipals (BSM ). Gracias a ese segundo instrumento, Barcelona ha intervenido en la política de movilidad construyendo aparcamientos donde el sector privado no veía rentabilidad suficiente, innovando mediante la tarificación por minutos o fijando unas tarifas ligeramente más económicas que las de algunos competidores.

Salta a la vista que no es lo mismo el 100% de 15 aparcamientos que el 40% de 26 y que, con esta operación, el Ayuntamiento pierde (o cuando menos ve disminuida) su capacidad de decisión en la fijación de las políticas de movilidad. Los potenciales inversores privados quieren mando en la nueva empresa y por eso se reservan el 60%. Y no hay pacto de accionistas ni instrumento que valga para cambiar esto.

Esta operación no mejora la movilidad de la ciudad porque la nueva empresa no añade ningún valor a la gestión de estos aparcamientos. Ni aporta ningún conocimiento tecnológico (ya disponible en BSM), ni inversión adicional (el pliego prevé invertir 50,5 millones de euros en 25 años, a razón de 3 por plaza de aparcamiento y año, justito para un mantenimiento decente), ni economías de escala.

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Esta operación no mejora la movilidad de la ciudad; la nueva empresa no añade ningún valor a la gestión de estos

Es más, esta operación aumenta la concentración de plazas en un solo operador mermando la competencia, provoca un aumento de las tarifas de rotación de un 20% durante los primeros cuatro años y selecciona arbitrariamente y por criterios de rentabilidad, que no de movilidad, los aparcamientos afectados.

Quizás la falta de argumentos justifica la poca transparencia con la que se ha gestionado todo el proceso. Todavía es hora de que la concejala Recasens se reúna con el comité de empresa de BSM, más aun teniendo en cuenta que los trabajadores se verán afectados.

Lo mismo ocurre en lo relativo a la movilidad, donde el silencio del concejal del ramo, Eduard Freixedes, es más que sospechoso. O que todavía no hayamos discutido estas pretendidas mejoras ni en la Comisión de Movilidad ni en el Consejo de administración de BSM. Alcalde Trias, con todos los respetos, retire el expediente ahora que aún está a tiempo, y no lo encubra bajo el anuncio de la mejora de la movilidad y la construcción de vivienda social.

David Escudé, concejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona.

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