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Jerez se declara incapaz de pagar los 400 millones del plan de proveedores

El Ayuntamiento pide a Hacienda un plazo mayor para devolver el crédito

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo,en un pleno.
La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo,en un pleno.eduardo ruiz

El Ayuntamiento de Jerez no devolverá el préstamo concedido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el plan de pago a proveedores. Ya no es una afirmación que reconozcan miembros del gobierno municipal en reuniones privadas ni un mensaje que corre por los pasillos del Consistorio desde hace meses. Lo ha admitido en público la alcaldesa María José García Pelayo (PP) y el mensaje ya ha sido trasladado al Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro.

Tras Madrid, Jerez fue el Ayuntamiento de España que más dinero pidió al ICO para pagar a los proveedores. Desde mayo de 2012, ha aprobado tres operaciones financieras para liquidar más de 15.230 facturas pendientes y que sumaban en total 399,3 millones de euros.

El tercer préstamo se ejecutó en diciembre del año pasado. El Gobierno central avaló el crédito pese a que la ciudad no cumplía el requisito establecido por el Ministerio de Hacienda: estar al día en la devolución de los dos préstamos anteriores.

Pelayo anuncia una prórroga de los presupuestos municipales

En año y medio, el Consistorio había sido incapaz de devolver a los bancos una sola cuota de intereses, pero el ministerio auxilió a la Administración jerezana, una de las más endeudadas de España al arrastrar una deuda global de más de 1.000 millones de euros.

Jerez debe pagar solo en 2014 por la devolución del préstamo 19,5 millones de euros en amortización y otros 19 millones de intereses. Una cifra que, en palabras de Pelayo, es “inasumible”. “Una deuda que se ha generado en 30 años no pueden pretender que la devolvamos en 10. Es absolutamente imposible. El ICO no puede estrangular las arcas municipales. La devolución del ICO no puede suponer que nos asfixiemos”, arguye la edil y senadora del PP.

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La alcaldesa afirma que no puede afrontar en 10 años una deuda de 30

La regidora está dispuesta a “liderar” esta reivindicación en Madrid y ya ha decidido que no aprobará los presupuestos de 2014 “hasta tener claros los plazos de devolución del crédito”. Confía en que Hacienda “flexibilice” las condiciones, aunque es consciente de que la respuesta no será inmediata ni específica para Jerez. “Nos piden paciencia”, ha admitido este lunes la alcaldesa popular, quien no oculta que la solución se puede retrasar “todo este año”.

Una situación financiera comprometida

  • La deuda del Ayuntamiento de Jerez asciende a 744 millones de euros.
  • Si se suman las empresas públicas, la deuda es de más de 1.000 millones de euros.
  • La deuda del Consistorio con Hacienda y la Seguridad Social se eleva a más de 130 millones de euros.
  • El gobierno jerezano aprueba en mayo de 2012 el primer plan de pago a proveedores por valor de 325 millones de euros para liquidar facturas de los últimos 20 años.
  • El Consistorio aprueba en abril de 2013 una segunda operación de 32 millones de euros.
  • Jerez aprueba un tercer y último préstamo en septiembre de 2013 con una cuantía de 41,8 millones de euros. Logra saldar su deuda comercial hasta el pasado mes de mayo.
  • Desde que el gobierno municipal firmó la primera operación crediticia en mayo de 2012, el Ayuntamiento no ha afrontado ni un solo vencimiento del préstamo. Hasta finales de 2013, adeuda, sólo en intereses del crédito ICO, 26,4 millones de euros.
  • El Consistorio debe abonar en 2014 del plan de pago a proveedores 38,5 millones en intereses y amortización. En 2015, la cuota de devolución del préstamo ICO asciende a 60 millones. La alcaldesa María José García Pelayo ha pedido a Hacienda "flexibilidad" en las condiciones ante la "imposibilidad" de hacer frente al crédito.

El gobierno municipal pretende funcionar en 2014 con los presupuestos prorrogados del año pasado y asegura que “no supone problema alguno de cara a la gestión económica”.

Aunque las inversiones comprometidas generan más dudas, Pelayo explica que existe un remanente de 11 millones de euros de 2013 que serviría para cubrir esos compromisos. “Lo que no voy a hacer es asumir un compromiso presupuestario que tengo claro que no se va a cumplir. Sería un paripé”, apostilla. “No vamos a poder devolver esa cantidad (38,5 millones de euros) en ningún caso, así es que vamos a pelear por conseguir el mejor calendario de devolución posible”, concluye. ¿Qué plazo de devolución quiere conseguir la Administración jerezana? Los primeros datos que aportan apuntan a unos 20 años, el doble de lo establecido.

Según se anunció y firmó en 2012, los créditos que puso en marcha el ICO para que los Ayuntamientos pudieran saldar sus deudas deben devolverse en un plazo de 10 años, con dos de carencia, al 5,9% de interés. En solo tres meses ya habrán transcurridos las dos anualidades de carencia para Jerez, que deberá empezar a amortizar con cuotas crecientes. En 2014 debe hacer frente a los mencionados 38,5 millones; en 2015 —año electoral—, el monto a devolver asciende a 60,6 millones, más de una cuarta parte del presupuesto municipal.

Ante la imposibilidad del Consistorio jerezano de devolver el préstamo, Hacienda, desde el pasado mes de noviembre, mantiene retenido el 50% de la transferencia que debía recibir Jerez por su participación en los tributos estatales (PIE) para destinarlo, sin que pase por las arcas municipales, a la devolución del préstamo del ICO.

Pese a que el Ayuntamiento ejecuta desde 2011 un duro plan de ajuste impuesto por el ministerio, los problemas económicos están lejos de solucionarse. El gobierno aún no ha podido abonar en su totalidad la nómina de enero a la plantilla municipal, que ha cobrado en tres ingresos un total de 1.450 euros.

Entre los recortes que ha aplicado el Consistorio jerezano destacan un ERE para 260 empleados municipales, una reducción salarial de la plantilla del 11,5%, la jubilación anticipada de los trabajadores de más de 59 años, la disminución del 20% en los contratos de servicios públicos y la privatización de la gestión del agua. Hasta 2015, la Administración deberá fusionar y eliminar entes públicos y rebajar los sueldos a la plantilla de las empresas del holding.

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