El fiscal urge a los partidos a asumir responsablidades por la corrupción

En nombre de la presunción de inocencia, PP y PSdeG aplazan cualquier medida contra sus cargos imputados por supuesta corrupción. El “máximo respeto” a ese principio es blandido machaconamente por los partidos más afectados por las sucesivas operaciones judiciales como la Pokémon, con un centenar de imputados, o la última, bautizada Patos, que investiga contratas de seis ayuntamientos y organismos de la Xunta. Ni dimisiones ni ceses mientras no se resuelvan en los tribunales —y pueden tardar años— ambos casos, alegan las cúpulas de conservadores y socialistas.

 Pero el argumento en el que tanto se refugian los políticos fue ayer puesto en tela de juicio por el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela: la presunción de inocencia, advirtió, no puede ser “la respuesta política”. Es “un principio que rige en el campo penal, pero no en el otro, el del control político”, en el que, continuó el fiscal, deberían articularse mecanismos para asumir responsabilidades cuando surgen casos como los de las últimas semanas. Varela, en una entrevista en Radio Coruña, de la Cadena SER, recordó que en el terreno político “un comportamiento puede muchas veces no ser delictivo pero sí éticamente reprobable”. En consecuencia, insistió, “la respuesta política tiene que producirse en ese campo ético y de convencimiento moral de culpabilidad, no en el del convencimiento penal de culpabilidad, que para eso están los tribunales”.

Ajenos a este planteamiento de la Fiscalía Superior, los mandos políticos volvieron a aplazar medidas ante la Operación Patos. Los cinco detenidos el martes, el concejal de Nigrán José Álvarez Valverde (PP) y directivos de las empresas Cespa y Eiriñas, quedaron ayer, tras comparecer ante el juez y por petición del fiscal, en libertad provisional con cargos por tráfico de influencias y cohecho. Y no dimitió el concejal de Nigrán, imputado también por prevaricación. El que cometa irregularidades “seguro que pagará el pato”, comentó el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. Pero “habrá que esperar”, insistió una vez más, “a los resultados” de ese sumario, iniciado hace un año y aún bajo secreto, “para después actuar en consecuencia”. Feijóo añadió el argumento, repetido por cargos de su partido, de que esperar es una muestra de “respeto al máximo al trabajo” de jueces y fiscales.

El enorme revuelo levantado tras conocerse parte del sumario de la Operación Pokémon, la mayor causa jamás instruida por corrupción en Galicia, con un centenar de imputados, no ha derivado en ninguna dimisión. Sólo renunciaron los cargos públicos que habían sido detenidos en un primer momento: los ahora exalcaldes de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG) y de Boqueixón Adolfo Gacio (PP), así como Fernando Varela, edil ourensano del BNG, y el popular Albino Vázquez Aldrey, del gobierno local de Santiago. En A Coruña, con 19 imputados, funcionarios y políticos, entre ellos el teniente de alcalde, Julio Flores (PP), y el socialista José Nogueira —ahora en la oposición— nadie se plantea destituir a nadie ni dejar el puesto. Por mucho que surjan voces en el seno del propio grupo de ediles bajo sospecha. En nombre de la “responsabilidad ética”, dos concejales socialistas exigen, sin éxito de momento, la renuncia de su compañero imputado.

“No hay motivos para dimisiones”, exclamó la teniente de alcalde de A Coruña y concejal de Cultura, Ana Fernández (PP), cuyo departamento es el más implicado en la Pokémon. Fernández, que admitió haber oído las grabaciones y declaraciones ante la juez del personal bajo su mando imputado, como su mano derecha y asesora, Dulce Rodríguez Anido, solo ve una posible “mala praxis”. Pero la achacó a “errores” por exceso de trabajo.

En el vecino Ayuntamiento de Sada, donde nadie está de momento imputado por la Pokémon, sí hubo paradójicamente un cese por este caso, y fue fulminante: el de José Luis Álvarez Conde, secretario personal del alcalde, Ernesto Anido (PP). El destituido, que aparece en los pinchazos del caso, acusa al regidor de mentir cuando asegura que desconocía “personal o públicamente” al empresario en el epicentro de la trama, José María Tutor, y atribuye su destitución a una argucia del regidor para “no verse salpicado” por el caso.