El dictamen del Consell Jurídic sobre el valenciano no arregla nada
El Consell Jurídic dice que la definición “no se acomoda” al Estatut Pero también admite la potestad de la AVL de confeccionar el diccionario y fijar la normativa
El dictamen del Consell Jurídic Consultiu sobre la potestad de la Acadèmia Valenciana de la Llengua para definir el valenciano se convirtió este miércoles en un bumerán para el Gobierno valenciano.
Las conclusiones del informe solicitado por la Consejería de Educación no satisfacen las expectativas de quienes en el Consell y el PP apuestan por reabrir el conflicto lingüístico a cuenta de la definición que la Acadèmia ha otorgado al valenciano en su nuevo Diccionari Normatiu. Una definición que sitúa al valenciano dentro del mismo sistema lingüístico que el catalán. Pero tampoco las de quienes, dentro del Gobierno valenciano, buscaban que el dictamen dejase sin oxígeno a quienes alientan la polémica.
El Consell Jurídic Consultiu constata en sus conclusiones que la definición del Diccionari Normatiu de la Acadèmia “no se acomoda” a lo dispuesto en el artículo 6.1 del Estatut, que afirma que “la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano”. El informe, que no tiene carácter vinculante, deja claro que la potestad para confeccionar el diccionario en valenciano y definir la lengua es de la Acadèmia.
Es decir, de acuerdo con la Constitución, el Estatut y la ley de creación de la AVL, “el valenciano es lo que la Acadèmia Valenciana de la Llengua diga que es, en ejercicio de su función para determinar la normativa oficial del valenciano en sus aspectos gramaticales, sintácticos, fonéticos, ortográficos, léxicos y cuantos otros sean necesarios para el correcto uso de la lengua”.
El Gobierno valenciano, dividido, retrasa la difusión íntegra del informe
El pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu es mucho más laxo que el redactado en 2004, cuando la Consejería de Educación pidió un informe para saber si la Acadèmia era competente para emitir un dictamen sobre “la denominación y entidad del valenciano”. Entonces el Consell Jurídic Consultiu aseguró que la Acadèmia carecía “de competencia para acordar o emitir un dictamen sobre la denominación y entidad del valenciano”. Sin embargo, dado el carácter no vinculante de los informes del CJC, la Acadèmia optó por ignorar el dictamen y ejercer su competencia. Diez años después, el nuevo dictamen ya no recoge la conclusión emitida hace una década sobre la misma materia.
El Gobierno valenciano, sumido en la confusión, decidió retrasar la difusión íntegra del dictamen para intentar ganar tiempo y buscar una solución al problema generado por ellos mismos.
Por un lado, el sector del Consell que apuesta por cerrar el conflicto apostaba por aprovechar el informe para abrir una vía de diálogo con la Acadèmia y buscar una salida para reconducir el conflicto y dar una salida airosa al Ejecutivo valenciano.
Por otro, los partidarios de alentar el conflicto apostaban por presionar a los académicos para que acomoden la definición de valenciano a lo dispuesto en el Estatut.
El problema, según fuentes del Consell, es que la beligerancia del secretario general del PP y consejero de Gobernación, Serafín Castellano —que ha puesto en cuestión la continuidad de la Acadèmia— ha arrastrado al propio presidente de la Generalitat.
La opinión del CJC, no vinculante, es mucho más laxa que la de 2004
“Al equiparar el valenciano y el catalán, la AVL pierde todo su sentido, porque se creó precisamente para defender la personalidad de nuestra lengua”, señaló días atrás Castellano, que sabe perfectamente que la Acadèmia quedó blindada en la reforma del Estatut de 2006 y que no se puede modificar sin una mayoría cualificada de las Cortes Valencianas.
El conflicto abierto por una parte del Gobierno valenciano a cuenta de la definición de valenciano de la Acadèmia ha convertido, además, en estériles los esfuerzos de los populares por colocar en la agenda política el discurso de la recuperación económica.
Este mismo miércoles, Castellano y los consejeros de Hacienda y Economía, Juan Carlos Moragues y Máximo Buch, respectivamente, se reunieron con las direcciones de la patronal autonómica Cierval y los sindicatos Comisiones Obreras del País Valenciano y CSI-F y comprobaron como el conflicto lingüístico eclipsaba sus esfuerzos.
Y es que la dificultad de lanzar un bumerán consiste en que, o bien das en el blanco o bien sabes recogerlo. En caso contrario, el abatido puede ser el lanzador.
