El Parlament blinda el horario de las tiendas ante la liberalización del Estado

La política comercial de la Generalitat lo prohíbe, pero comprar ropa en el centro de Barcelona un domingo es desde hace meses lo más normal del mundo. Muchas tiendas abren y las Administraciones —Generalitat y Ayuntamiento— miran hacia otro lado. No sancionan. El Gobierno catalán tenía un problema. Estaban en su contra distintas sentencias del Tribunal Constitucional y un real decreto ley de 2012 de Gobierno central que tenía una clara intención liberalizadora: apostaba por más festivos de libre apertura, más tiendas con libertad horaria e incluso zonas turísticas con total libertad en festivos. Las tiendas no sabían a qué atenerse y el Gobierno catalán no quería ahondar en esa inseguridad jurídica.

Por ello, mientras recurría ante el Tribunal Supremo, el Ejecutivo de Artur Mas inició la elaboración de una nueva ley de horarios comerciales con la que salvar sus preceptos en materia de comercio. Hoy el Parlament la aprobará y, al estar aún libre de un previsible recurso del Gobierno central, pondrá por ahora el contador a cero y se volverá a blindar ante la legislación central. “Tendremos un marco legal sin recursos”, indicaron fuentes del Departamento de Empresa.

Ese es el gran cambio que previsiblemente ofrecerá la nueva ley: la Administración volverá a marcar a los comerciantes una vez que la ley sea publicada. Desde Empresa no quisieron afirmarlo tal cual. El regidor de Comercio del Ayuntamiento de Barcelona, Raimon Blasi, sí lo hizo en parte al admitir que a partir de ahora “nuestro trabajo será la aplicación de la normativa catalana”. A no ser que cambien las cosas, mediante la aprobación de una zona turística en Barcelona, por ejemplo, los comercios no podrán subir la persiana en festivo. Al menos sin la amenaza de ser multados por la Administración.

Esa posibilidad de multar a las tiendas que abran en el centro de Barcelona quizás tenga fecha de caducidad, si es que el Ayuntamiento acaba aprobando la creación de una zona turística, como demandan los ejes comerciales de BarnaCentre, Pelayo y paseo de Gràcia (entre otros), en la que podría haber libertad total, al menos durante algunos meses del año. La Generalitat también es favorable a su creación, pero el Consistorio no moverá un dedo hasta que haya acuerdo entre las distintas organizaciones representativas del pequeño comercio y eso parece todavía lejano.

Más allá de lo que ocurra en Barcelona, el Parlamento volverá a mostrar hoy el consenso básico de los últimos años en materia comercial. El PSC también apoyará una ley que han forjado CiU y ERC, pese a que critica que los dos grupos que apoyan al Gobierno autónomo han elaborado una ley muy blindada, sin apenas enmiendas externas y todas ellas transaccionadas. Todo para acabar con la “desconfianza” y la “inseguridad jurídica” con la que convivía el sector, como señalaba ayer el diputado socialista Juli Fernández.

De hecho, la nueva ley incorporará pocos cambios respecto a la que había. Apenas se amplía el número de festivos que se podrá abrir los domingos —pasará de ocho a diez, como marca el Estado y como incluyó el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias—. Los municipios podrán determinar esos dos nuevos días.

Asimismo se habilita a las tiendas a tener un espacio para vender prendas de otras temporadas —los denominados outlets— siempre y cuando este no exceda el 20% del total de la superficie. El resto de articulado es una repetición, con pocos cambios, del existente actualmente pero sin las amenazas del Tribunal Constitucional.

La ley amplía a diez el número jornadas de aperturas en días festivos

Y no será el último cambio que efectúe el Gobierno catalán. A esta ley de horarios comerciales le sustituirá en cuestión de meses una nueva Ley de Comercio con más cambios.

Difícilmente la normativa ayudará a cambiar la tendencia de cierres comerciales que afecta al sector. La Confederación de Comercio de Cataluña cifró ayer en 2.245 los cierres en 2013. “Ha sido un año durísimo”, explicó el secretario general de la patronal, Miquel Àngel Fraile, quien destacó que los ámbitos más afectados por la lluvia de cierres fueron la alimentación y el equipamiento del hogar.

Las consecuencias de la liberalización en el sector del comercio continúa generando una batalla entre partidarios y detractores. Ayer, por ejemplo, la Asociación Catalana de Supermercados y Distribuidores (Cat-Dis) lanzó una nota de opinión en la que afirmaba que en Cataluña se había destruido un 1,4% del empleo del sector, mientras que en Madrid, con total libertad de horarios, esa destrucción se había casi duplicado, al situarse en el 2,6%. Según sus estadísticas, las ventas catalanas habían crecido un 0,1%, mientras que las madrileñas se redujeron a un ritmo del 1,9%.

La patronal de los grandes distribuidores, Anged, en cambio, asegura basándose en datos de la encuesta de población activa que desde julio de 2012, cuando Madrid inició su liberalización total, se han creado en la capital española 13.000 empleos, mientras que en Cataluña el saldo neto es de reducción de empleados en el comercio.