El exalcalde de Getafe pudo cometer cohecho y prevaricar, según la juez
Los posibles delitos proceden de la adjudicación de varios aparcamientos
El juzgado de instrucción número 7 de Getafe ha dictado un auto de incoación de procesamiento contra el exalcalde esta localidad, el socialista Pedro Castro, tres de sus concejales, una edil de IU, varios cooperativistas y funcionarios del Ayuntamiento, por la adjudicación de la construcción de cinco aparcamientos en el muncipio. En el auto, la juez María Ángeles Velázquez Martín indica que los hechos, denunciados por el PP, ahora en el gobierno, podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y malversación.
Junto a Castro, regidor de la localidad durante 28 años, están implicados en el conocido como “caso de los aparcamientos”, su hijo, el exconcejal de Hacienda David Castro; el exconcejal de Urganismo, José Manuel Vázquez; la exconcejal de Obras, Cristina González y la edil de IU, Sylvia Uyarra.
La juez ha determinado que se trasladen las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes procesales para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. El PSOE ha indicado, mediante un comunicado, que la resolución judicial no es firme por lo que presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Recuerdan que “la situación procesal de sus concejales no ha cambiado y que el Ministerio Fiscal ha solicitado hasta en tres ocaciones el archivo de las actuaciones”.
El PP denunció, cuando todavía se encontraba en la oposición, la adjudicación de uno de los aparcamientos subterráneos a la cooperativa Jilguero 2005, debido a que su junta directiva estaba presidida por el marido de la concejal Cristina González Álvarez, que había participado en la votación. Además, la madre de la edil ocupaba el puesto de tesorera y su padre el de secretario. A pesar de incurrir en incompatibilidad y por ello deberse abstener, concreta la juez, “dicha concejal votó en la Junta Municipal de 12 de julio de 2007 que adjudicó la contratación a la cooperativa Jilguero 2005”.
El grupo popular amplió la denuncia posteriormente al resto de los garajes, al detectar que podría existir una trama corrupta en la adjudicación y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento. Según sus cálculos, las irregularidades podrían haber supuesto un beneficio de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de las infraestructuras,
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento puso en marcha un proceso de información vecinal y la contratación de un estudio de demanda y viabilidad —que realizó la empresa Roblepark— para la construcción de los aparcamientos. Las cinco cooperativas, que luego resultan adjudicatarias de la licitación pública, se constituyen ya en ese momento, tienen el mismo domicilio social, y son gestionadas por Roblepark.
La juez sostiene que las cooperativas disponían “de forma privilegiada” a través de Roblepark, “de toda la información, relaciones y medios a su alcance” para que se les adjudicara el concurso, “colocando en situación de desventaja al resto de los licitadores”. Algo que consiguieron todas ellas, aunque la documentación que presentaron era insuficiente. Por ejemplo, los planes económico-financieros se componían de un solo folio y su solvencia económica no estaba acreditada, según lo establecido en los pliegos de condiciones.
Asimismo, las juntas directivas de las cooperativas, advierte la juez, “no fueron conformadas al azar”, sino que se constituyen por personas directa o indirectamente relacionadas, bien con el Ayuntamiento de Getafe, con alguno de sus concejales, con empresas contratadas por el Consistorio o con la gestora Roblepark. De esta forma, puntualiza el auto, se consigue “mantener el control sobre las decisiones de las cooperativas y el destino de sus fondos”.
Llegó incluso un momento, en el que para dar salida a la falta de financiación de las cooperativas, el concejal de urbanismo presentó una proposición para conseguir un aval. Lo que conllevaba un compromiso presupuestario municipal por un importe de 10 millones. Finalmente, se retiró del orden del día.
El alcalde de Getafe, el popular Juan Soler, ha pedido la dimisión de José Manuel Vázquez, actual portavoz del PSOE. “Está acusado de delitos que tienen que ver con su cargo, y hacen difícilmente compatible que mantenga su acta de concejal”, sostiene.
