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El exalcalde de Ciempozuelos anunció a un banco que iba a recibir 40 millones

Joaquín Tejeiro, el exregidor socialista, dice ahora que no disponía del dinero y que fue un “error” Los imputados echan la culpa al PP y niegan haber recibido 40 millones de euros de constructoras

Felipe Betim
Joaquín Tejeiro, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.
Joaquín Tejeiro, a su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid.Santi Burgos

El exalcalde socialista imputado en el caso Ciempozuelos, Joaquín Tejeiro, reconoció este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, en el primer día de su juicio, haber falseado un contrato a la entidad bancaria andorrana Andbanc para justificar ingresos de 40 millones de euros en su cuenta bancaria. Tejeiro está acusado, junto a su colega y también exregidor del municipio madrileño, Pedro Antonio Torrejón, de delitos de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad de documento mercantil. Los exalcaldes socialistas negaron las acusaciones y calificaron la acción penal de una “maniobra política del PP” para ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007. La acusación, ejercida por los populares, sostuvo que las irregularidades están acreditadas.

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Tejeiro —alcalde entre 1991 y 1995— y Torrejón —regidor entre 2003 y 2006— están acusados de recibir 40 millones de euros de empresas constructoras y contratistas con intereses urbanísticos en Ciempozuelos. El caso salió a la luz en 2006, cuando cada uno de los dos socialistas abrió una cuenta en el banco andorrano Andbanc. Los ingresos de ambos llegaron a sumar un total de 916.000 euros.

A la hora de justificar los fondos, enviaron un contrato —firmado por Tejeiro, en representación de Format & Consulting, S. L.— que justificaban unos ingresos de 40 millones de euros. Una de las firmas del documento, enviado por fax a la entidad bancaria en abril de 2006 desde la residencia del entonces alcalde Torrejón, luego se mostró falsa y levantó las sospechas acerca del origen del dinero. El juicio empezó este lunes, ocho años después de la denuncia del sindicato Manos Limpias.

Con relación a este contrato irregular, Tejeiro admitió en los pasillos de la sede judicial que sí lo falseó, una acción que la calificó de “un error” y “una barbaridad”. Torrejón, a su vez, aseguró que no participó en la confección del documento irregular. “No consta mi firma, solamente cedí el fax para que lo enviaran”, sostuvo.

Los exalcaldes socialistas garantizaron que el dinero ingresado en las cuentas bancarias en Andorra vino de actividades profesionales “ajenas al Ayuntamiento”, además de propiedades heredadas. “Hice trabajos anteriores en gestión hospitalaria, formación sanitaria y asesoramiento”, explicó Torrejón. ¿Por qué Andorra? “Por la fiscalidad”, admitió. “Fuimos juntos abrir las cuentas porque somos amigos”.

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Para ellos, la acción penal se trata de una maniobra política del PP con “claros intereses partidistas”, con el objetivo de ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2007. “No hay ningún tipo de irregularidades urbanísticas en el Plan General de Ordenación Urbanística de Ciempozuelos”, aseguró Torrejón. “No me dejan demostrar la inocencia, sino que buscan culpabilidades”.

El abogado del PP que ejerce la acusación, Juan Ramón Montero, negó que haya intereses políticos del partido y sostuvo que los documentos enviados a Andbanc acreditan que los exalcaldes iban a recibir comisiones de 40 millones de euros a cambio de unos terrenos.

El exalcalde de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón.
El exalcalde de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón.Santi Burgos

La Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel y multas de 29 millones de euros para Torrejón, y seis años y medio de cárcel y multas de 23 millones de euros para Tejeiro. Además de los dos exalcaldes socialistas, hay otros 12 imputados más, entre empresas y familiares de los exregidores, por el caso Ciempozuelos.

Está previsto que Tejeiro y Torrejón declaren ante el juez hoy por la mañana, tras la sesión ser suspendida por irregularidades en la defensa de la empresa Bitango Promociones. El letrado encargado de defender la empresa afirmó, al principio del juicio, que ya no era el responsable por su defensa. El juez encargado del caso rechazó la petición para que la acción penal fuera suspendida hasta que se presentara una nueva defensa, y ordenó que los abogados defensores lleguen a un acuerdo.

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Sobre la firma

Felipe Betim
Nacido en Río de Janeiro, ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Escribe sobre política, temas sociales y derechos humanos entre otros asuntos. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la PUC-Río y Máster de periodismo de EL PAÍS/Universidad Autónoma de Madrid.

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