Los jueces exigirán mejoras tras una inspección al CIE de Zona Franca

La nueva oleada de protestas por las presuntas agresiones e irregularidades en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Zona Franca ha obligado a la justicia a mover ficha. El pasado viernes, los dos jueces de Barcelona designados para controlar el centro realizaron, junto al fiscal especializado en Extranjería, una inspección que se prolongó durante cuatro horas. Tras preguntar a los internos sobre el funcionamiento diario del CIE y los últimos incidentes violentos, los magistrados constataron que aún hay muchos problemas por resolver y prevén dictar una resolución para exigir mejoras, según fuentes judiciales.

El episodio que ha reactivado la campaña de diversas ONG para cerrar estos centros —que no son prisiones pero funcionan como tales, ya que mantienen recluidos a extranjeros sin papeles— fue la muerte, el pasado 3 de diciembre, del interno Alik Manukyan. La embajada de Armenia y la comunidad de ese país residente en Barcelona se han volcado para aclarar el caso, que investiga un juzgado. Según la versión oficial, Manukyan se suicidó en su celda. Los denunciantes, sin embargo, sostienen que previamente fue agredido por policías. Tres supuestos testigos (también internos) han avalado ante el juez esa tesis, aunque aún deben conocerse los resultados de la autopsia.

Al fallecimiento de Manukyan le sucedió otro capítulo controvertido: la presunta agresión, por parte de funcionarios del CIE —todos ellos, miembros del Cuerpo Nacional de Policía— a diversos internos. La respuesta de los afectados propició, a su vez, la intervención de unidades antidisturbios. Las cargas se saldaron, siempre según la versión de los denunciantes, con otro puñado de heridos.

Las entrevistas con internos revelan problemas en la vida diaria del centro

Tras estos episodios, la plataforma Tanquem els CIES —que denuncia la “opacidad” de estos centros y aboga por suprimirlos— solicitó una nueva inspección a los magistrados que, desde hace dos años, tutelan el funcionamiento del recinto, situado en el polígono de la Zona Franca. La visita de los jueces de instrucción Joaquín Aguirre y Fernando Criado coincidió en el tiempo con la que efectuaron, por sorpresa, cinco diputados catalanes. Los diputados —de Esquerra, Iniciativa y la CUP— se hicieron pasar por familiares de internos para burlar a la Delegación del Gobierno, que les había vetado el acceso. Según la Delegación, los partidos son conscientes de que pueden sumarse a la visita institucional que, periódicamente, organizan el Congreso y el Senado.

En estos dos años, los jueces de control han visitado el CIE varias veces y se han entrevistado tanto con la dirección como con los internos. El pasado verano, además, dictaron una resolución que favoreció el acceso a los CIE de las entidades sociales. Aquel auto judicial reconoce el derecho de las ONG a entrevistarse con los internos con total libertad y siempre que quieran. Hasta entonces, las asociaciones tenían un acceso muy limitado y la mayoría de sus miembros se hacían pasar —como los parlamentarios del viernes— por familiares y amigos. Los jueces también otorgaron más facilidades a los abogados para entrevistarse con los internos, una práctica que la dirección del CIE “denegaba sistemáticamente”.

De la comitiva judicial del viernes surgirá, previsiblemente, una nueva resolución en la que se exigirán nuevas mejoras a la dirección del centro. Los magistrados constataron la existencia de deficiencias y ordenarán, según las mismas fuentes, mejoras en las instalaciones y cambios en las rutinas de los funcionarios. Las resoluciones judiciales intentan paliar un vacío legal: pese al compromiso político, los CIE siguen sin un reglamento interno que clarifique la situación y los derechos de los internos.