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El sumario del ‘caso Innova’ apunta a Boi Ruiz por un delito de malversación

La Guardia Civil investiga si el consejero de Salud pagó con fondos públicos la defensa de Josep Prat El expresidente del ICS pidió también dinero a Gordó

El consejero de Salud, Boi Ruiz, en una comparecencia en el Parlament en octubre pasado
El consejero de Salud, Boi Ruiz, en una comparecencia en el Parlament en octubre pasadoALBERT GARCÍA

La Guardia Civil investiga si la Generalitat ha pagado con dinero público la defensa judicial del expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, imputado en el Juzgado de Instrucción 3 de Reus (Baix Camp) por seis delitos —entre ellos estafa, malversación y blanqueo— por abonar entre 2007 y 2011, cuando era director de la empresa municipal de Reus Innova, 720.000 euros al exdirector del Servicio Catalán de la Salud, Carles Manté, por trabajos supuestamente inexistentes.

El juzgado levantó ayer el secreto de sumario sobre media docena de correos electrónicos mantenidos entre el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz; el consejero de Justicia, Germà Gordó; y el abogado de Prat, Xavier Melero. El 4 de septiembre de 2012, Melero envía este mensaje a Boi Ruiz: “Querido consejero: en relación al tema de Josep Prat, lamento molestarte, pero debo decirte que no tengo ninguna noticia sobre el pago de los dictámenes que encargamos para presentar a la Fiscalía de Reus y Tarragona. El coste de estos informes lo abonó nuestro despacho, el tema nos empieza a preocupar”.

El 25 de septiembre Melero escribe otro correo a Prat en el que escribe: “Del tema euros, de momento, nada de nada”. Tres días más tarde, el abogado del expresidente del ICS insiste enviando otro correo titulado “Honorarios defensa Josep Prat” a Ruiz y con copia a Prat y Gordó: “Nadie ha contactado conmigo para resolver este tema. Pido una solución. Nunca me hubiese imaginado que esto acabaría de esta manera: yo pagando por cuenta de la Administración y sin cobrar nada después de haberme paseado por todas las Fiscalías de Cataluña...”.

Este mensaje fue reenviado al consejero de Salud por Gordó, quien añadió al texto: “Boi, ¿no me dijiste que estaba resuelto?”. Tras este cruce de mensajes, un informe de la Guardia Civil recoge que existen “dudas razonables acerca de si la Generalitat se estaría haciendo cargo de las costas de la defensa de Prat”. La Guardia Civil resalta que cuando se produjeron estas conversaciones el expresidente del ICS se encontraba denunciado en el juzgado de instrucción 3 de Reus “exclusivamente” por las facturas cobradas por Manté y en la Fiscalía por supuestas irregularidades denunciadas por la CUP sobre Innova. “Por tanto no se encuentra incurso en ningún procedimiento judicial penal de cuya defensa deba hacerse cargo la Administración Pública, véase la Generalitat”, esgrime la Guardia Civil. El informe va más allá, añadiendo que “esta asunción de pago de la defensa de Prat por parte de la Generalitat, como queda asumido en los correos mencionados, supuestamente con fondos públicos” podría suponer “un ilícito de malversación por parte de los ordenantes de dichos pagos [en referencia a Boi Ruiz] y de los receptores”.

Un portavoz del Departamento de Salud negó ayer que la Generalitat esté sufragando la defensa judicial del expresidente del ICS. El abogado Xavier Melero, por su parte, afirmó que “en ningún caso” la defensa de Prat la está pagando el Departamento de Salud. El letrado añadió que los dos dictámenes cuyo pago reclamaba se hicieron cuando Prat aún era presidente del ICS y versaban sobre su régimen de incompatibilidades, por lo que estaba establecido que los cobraría de la Generalitat.

La CUP de Reus, que ejerce de acusación en el caso y cuyo regidor en el Ayuntamiento, David Vidal, lleva denunciado desde hace dos años presuntas irregularidades detectadas en Innova, cree que detrás de lo sucedido en la ciudad “hay involucradas personas vinculadas a instituciones autonómicas y, especialmente, altos cargos de la sanidad pública catalana”. Los abogados de la CUP estudian qué acciones llevar a cabo para “poner en claro” las informaciones aportadas por la Guardia Civil. “Se abre la posibilidad de que estas mismas personas hayan protagonizado otras ilegalidades”, avanzó ayer la CUP.

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