Un exedil alerta de irregularidades en las actas de la Zona Franca
Fernando Sicre afirma que se censuraron sus reservas sobre Quality Food
Uno no ha ido. Otro no ha respondido. Y el tercero ha destapado nuevas posibles irregularidades. Las declaraciones previstas para este jueves dentro de la instrucción del caso Quality Food se han saldado con la ausencia, por baja médica, del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz Enrique García Agulló. Quien sí ha acudido ha sido Ignacio Romaní, actualmente teniente de alcalde, imputado en virtud de un nuevo auto en el que la juez le acusa de malversación de caudales públicos. Romaní se ha negado a responder a las preguntas porque ha vuelto a recurrir ese auto a la Audiencia. El que sí ha acudido y sí ha hablado ha sido Fernando Sicre, exconcejal popular en Cádiz. Lo ha hecho para asegurar que aunque él sí apoyó al inicio la llegada de esta empresa a la ciudad después observó cosas que no le gustaron. Sus recelos nunca se mostraron en las actas de la Zona Franca. En esos documentos, según Sicre, se censuró su malestar contra el avance inversor en Quality Food.
No es la primera vez que se habla de esas actas en la instrucción de este caso, que comenzó investigando si los responsables de esta compañía alimenticia estafaron a la Zona Franca de Cádiz, entonces gobernada por el PP. Así arrancó la instrucción pero ha terminado derivando en aclarar si los dirigentes populares de la Zona Franca y del Ayuntamiento utilizaron esta empresa para malversar dinero público. La asesora jurídica de la Zona Franca, Isabel González, actual secretaria general del Consorcio, declaró en su día que las actas de los comités, que debían recoger todo lo que se decía en ellos, tuvieron que ser acortadas a petición de Miguel Osuna, el exdelegado de la Zona Franca. Fue González la que le explicó a Sicre que ese era el motivo por el que algunos de los recelos que él ponía a decisiones económicas de apoyo a Quality Food no constaban en esos documentos. La juez, Rosa García Jover, ya pidió hace meses a la Zona Franca la totalidad de esas actas.
La asesora judicial dice que fue Osuna quien ordenó acortar los escritos
Sicre comparecía en esta causa como testigo pero su nombre ya había aparecido mencionado varias veces. De él habló Romaní en su primera comparecencia en el juzgado como testigo. Romaní aseguró que fue Sicre, entonces concejal de Fomento, quien más apoyos dio a la instalación de la empresa en Cádiz, promovida por el entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP de San Fernando Manuel García Gallardo. “Sicre era el que más apoyaba a Quality Food e incluso viajó con sus responsables a Madrid en busca de subvenciones”, señaló en septiembre. Sicre ha dicho a la juez que sí respaldó el proyecto pero que, cuando vio que se torcía, protestó y sus palabras no fueron incluidas en las actas del comité.
La defensa de García Gallardo, representado por el conocido abogado Marcos García Montes, cree que las palabras de Sicre evidencian la posible comisión de un nuevo delito: el de falsificación documental. García Montes se ha mostrado convencido de que el caso ya ha dado un vuelco y que su cliente, contra quien se presentó la querella inicial, acabará en el juicio como acusador en vez de como acusado. García Montes realizó hasta 24 preguntas a Romaní, pero el concejal imputado se negó a responderle a él y a la juez. “He vuelto a recurrir mi auto de imputación a la Audiencia Provincial y responderé cuando se resuelva”, ha explicado a los medios de comunicación. Romaní ya consiguió que la Audiencia revocase su primera imputación por no estar suficientemente argumentada, pero la juez contestó con un auto de 12 páginas donde sostenía que Romaní era “perfecto conocedor” de las “maquinaciones” urdidas en esta trama.
Romaní afirma que el exconcejal de Fomento fue el que más apoyó la idea
García Montes ha adelantado que pedirá que Jorge Moreno, mano derecha de la alcaldesa, Teófila Martínez, vuelva a declarar. La pasada semana, Moreno sostuvo ante la juez que no conocía ni a Osuna ni a García Gallardo y que su papel en el Ayuntamiento es de “asesor político”. El abogado defensor cree que Moreno mintió. García Montes ha revelado que el Consistorio puede estar cometiendo malversación si se demuestra, como él sostiene, que Moreno tiene despacho en el Ayuntamiento y usa recursos municipales, a pesar de que no está contratado por el Consistorio. Algunos testimonios sitúan a Moreno como hombre clave en las negociaciones sobre Quality Food, algo que él lo ha negado tajantemente.
El actual delegado de la Zona Franca, Jorge Ramos, también del PP, ha deseado durante un desayuno navideño que 2014 sea el año del juicio de Quality Food. "Lo mejor es que pasemos página y que quien tenga que asumir responsabilidades, las asuma". Ramos se ha desmarcado de su propio partido que viene reclamando que la Zona Franca rompa el actual contrato con la Abogacía del Estado, en cuyos informes está basado el giro de la instrucción hacia dirigentes del PP. “Antes que el PP, está la Zona Franca y yo no voy a romper las reglas del juego en mitad del partido”, afirma.
