_
_
_
_
_

“He sufrido una campaña de acoso y de ataque sistemático”

La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, cumple un año en su cargo y se enfrenta a un polémico proceso por la externalización del servicio médico

F. Javier Barroso
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert.
La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert.álvaro garcía

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) vivió la madrugada del 19 de diciembre de 2012 una de las jornadas más convulsas de su historia. Las elecciones para elegir nuevo decano acabaron con la intervención de la policía. Después de cuatro días de debate, la junta electoral nombró a Sonia Gumpert (Madrid, 1966), que ahora ha visto refrendado su cargo por los jueces con el archivo de la denuncia interpuesta por la oposición. Un año después tiene reabierta una crisis en el colegio por el futuro inminente del servicio médico, que se decide hoy jueves.

Pregunta. ¿Cómo ha sido este primer año al frente del colegio?

Respuesta. Muy intenso. Empezó de una forma polémica, pero ahora se ha solventado con un auto de la Audiencia Provincial que ha descartado con el sobreseimiento libre del procedimiento que se seguía iniciado contra nosotros y ha solventado cualquier problema sobre nuestra legitimidad.

P. Reconocerá que ha sido un año duro.

R. Sí, no solo por esta circunstancia que es dura y grave por la trascendencia política y mediática que ha tenido, sino también por tomar las riendas de una institución antigua, importante y que es una organización importante, con 72.000 colegiados. Eso ha supuesto un reto de trabajo importantísimo, pero va muy bien porque ya hemos cumplido el 50% del programa.

P. En este año ha sufrido bajas incluso dentro de su junta de gobierno.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

“Con la mutua se garantizan los médicos”

Las lanzas continúan en todo lo alto en el Colegio de Abogados de Madrid. El exdecano Antonio Hernández-Gil es la persona que estaría al frente de la mutua que gestionará el servicio médico en caso de que siga adelante el proyecto aprobado el 7 de noviembre de 2011. Detrás de esta gestión está la asistencia sanitaria de unas 45.000 personas, que pagan unos 430 euros al año. Esto genera un negocio de unos 27 millones de euros, lo que lo convierte en muy apetecible para controlarlo.

Hernández-Gil afirma que “con la mutua se garantiza el servicio médico” para los abogados, ya que se podrá abrir a otras personas o colectivos de forma que aumenten los ingresos. “Hay un pequeño y paulatino descenso de afiliados conforme pasan los años, por lo que debe abrirse a otros beneficiarios”, destaca el exdecano. Este recuerda que la mutua no tiene ningún ánimo de lucro, como ocurriría con una aseguradora privada. Mantiene además que, en caso de que hubiera beneficios o se cerrara en un futuro, el patrimonio cedido revertiría de nuevo al colegio, que es el que lo ha cedido.

La mutua recibió el visto bueno del Ministerio de Economía el 18 de diciembre de 2012, en plenas elecciones, y debería haberse creado en el plazo máximo de un año. Al dilatarse este proceso, la junta rectora ha pedido una prórroga de seis meses, que le han concedido. Detrás de su constitución y su inicio existe un problema como es el que los colegiados con más de 50 años de afiliación no pagan ninguna cuota. Esto supone un millón de euros que desembolsaría al año el colegio. “Es un servicio que se ha dado hasta ahora, por lo que ese gasto ya existe. La pregunta es saber que pasaría con estos beneficiarios en caso de que se pase a una entidad privada”, se cuestionaba Hernández-Gil.

“El servicio ha sido un activo muy importante del colegio y no se debe perder”, resume el exdecano, quien recuerda que su equipo y él no tiene “la menor voluntad de permanecer al frente de la misma”.

R. Ha habido un principio muy polémico que ha generado una posición dura, incluso para los miembros de la junta de gobierno. Ha habido dos personas que se han apartado por la imputación y la carga de trabajo. Otros dos se marcharon por los objetivos y el programa de nuestra candidatura.

P. ¿Ha recibido presiones por la forma de dirigir el colegio?

R. Directas, no porque me habría ido al juzgado, pero sí he sufrido una campaña de acoso y de ataque sistemático tan absurdo como decirnos desde el día uno que estábamos incumpliendo el programa. No me ha preocupado mucho respecto al colectivo porque los abogados inmediatamente han sabido reconocer el absurdo de estos mensajes. Ha habido gente de nuestro equipo que se ha apartado de nuestros objetivos y han empezado una campaña de acoso, de acusaciones, de manipulaciones, de medias mentiras, de ataques personales. No han parado en medios para lanzar mensajes de desprestigio personal y profesional y por tanto contra la institución.

P. Habla de un colectivo crítico, pero ha sido muy continuista durante años. ¿No cree?

R. Pero porque no había alternativa que les interesaran. De hecho, el porcentaje de participación en las elecciones era siempre bajísimo porque no había candidaturas con las que los abogados se identificaran. Esa es nuestra gran virtud. Somos como la mayoría de los colegiados madrileños.

P. Los jueces de lo penal le han dado la razón. Está abierto el proceso contencioso. ¿Actuó éticamente aquella noche?

R. Sí, sin ninguna duda. Lo que hicimos fue llamar a la participación de los abogados, lo que era nuestro derecho, además de nuestra obligación, al igual que las demás candidaturas. La diferencia es que nosotros no nos fuimos al juzgado y ellos sí, porque nosotros ganamos y ellos perdieron. Es un poco fariseo que nos reprochen haber llamado a la participación de los abogados. Me parece de juzgado de guardia.

P. ¿Cree que también se archivará el proceso contencioso?

R. Sí, no se estimará la demanda por la sencilla razón de que aquí no hay reglamento electoral por la misma razón de que estos mismos que ahora denuncian irregularidades son los mismos que no han desarrollado un reglamento electoral.

P. ¿Qué ocurre con el servicio médico?

R. El servicio médico está en un proceso de externalización que se inició en la junta general del 7 de noviembre de 2011, de forma que saliera fuera del colegio. Nos lo encontramos cuando llegamos al colegio y ya parcialmente ejecutado. Y además en una parte importante como es la constitución de la mutua para funcionar en el ramo del patrimonio y la aportación del patrimonio por valor de seis millones de euros que el colegio acordó. En ese punto que nos corresponde ejecutar, detectamos varios puntos que queremos someter a los colegiados.

P. ¿Qué puntos son esos?

R. El primero es someter a su votación algo que no se explicó el 7 de noviembre y es que si los colegiados quieren aportar una cantidad anual a ese servicio. Sería de un millón de euros y está dentro del plan de la mutua. Queremos darles la voz y el voto.

P. Pero no es el único.

R. Hay un planteamiento que no se ha reflejado convenientemente en los estatutos como era la posibilidad de retorno al colegio de esos seis millones de euros, en el caso de que se liquidara la mutua en un futuro. Por último, hay una cuestión que es la de garantizar y exigir a quien va a ser el gestor en el futuro que adopte medidas que no nos constan como acordadas para que el servicio médico sea viable. Los expertos nos dicen que el servicio es deficitario y que no ve qué medidas prevé la mutua para hacerlo rentable y sacarlo adelante. No quiero decir que no existan. Ahora mismo no nos constan como previstas.

P. Pero hay dos posturas bien diferenciadas.

R. La junta está convocada con dos propuestas alternativas y excluyentes. La primera es la mutua, que es la que viene derivada del 7 de noviembre. En el caso de que esto no se acordara por los colegiados, tenemos un plan b para no vernos obligado a cerrar el servicio. La segunda alternativa es la externalización en otro operador, porque el servicio médico no se puede quedar en el colegio.

P. ¿Puede no tener pérdidas el servicio médico?

R. Puede tenerlo, pero fuera del colegio. Dentro solo puede venderlo a los colegiados, no a los de fuera. Es ahí donde se produce ese desequilibrio entre los jóvenes, que no tienen coste, y los mayores, que sí lo tienen.

P. ¿Están utilizando los que se quieren quedar con la mutua el discurso del miedo?

R. Estoy recibiendo mensajes demagógicos y manipuladores que dicen que lo que no es la mutua es privatizar el servicio médico, cuando no es cierto. Se lanzan mensajes que parten del desconocimiento del proceso en curso o de una manipulación del mismo. Hablar de privatización es falso y demagógico, porque lo que se trata es de vincular este proceso al polémico proceso de la sanidad pública. Y esto no tiene nada que ver. El servicio médico del colegio siempre ha sido privado. Es absurdo privatizar lo que ya es privado.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

F. Javier Barroso
Es redactor de la sección de Madrid de EL PAÍS, a la que llegó en 1994. También ha colaborado en la SER y en Onda Madrid. Ha sido tertuliano en TVE, Telemadrid y Cuatro, entre otros medios. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, está especializado en Sucesos y Tribunales. Además, es abogado y criminólogo.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_