Interior levanta la suspensión a los ‘mossos’ del ‘caso Raval’
Los agentes imputados por la muerte de Benítez se reincorporan en otros destinos
Los ocho mossos del caso Raval imputados por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, el pasado 6 de octubre, tras ser reducido en el barrio del Raval, han vuelto al trabajo. La Dirección General de la Policía decidió ayer levantar las medidas cautelares que impusieron a los agentes, de suspensión de empleo y parte del sueldo (mantenían el salario base de 700 euros). Los mossos no volverán a la comisaría de Ciutat Vella, aunque un portavoz declinó ayer informar de cuáles serán sus nuevos destinos, o de si continuarán desarrollando tareas de seguridad ciudadana, como hacían en el barrio del Raval.
Interior alega que ha tomado la decisión en base a la evolución del proceso judicial. En concreto, esgrime las declaraciones de los propios agentes ante la titular del juzgado de instrucción número 20 de Barcelona, Eva Moltó, en las que negaron haber golpeado a Benítez en la cabeza. Asimismo, aducen también el cambio en el informe del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que es quien investiga las circunstancias de la reducción y posterior muerte de Benítez. En el informe policial se cometió un error de transcripción de una llamada de la víctima. Después de pelearse con un hombre en el barrio, y antes de que interviniesen los mossos en su detención, Benítez llamó a la Guardia Urbana. En esa llamada el hombre aseguró: “Estoy sangrando”, pero los policías lo reflejaron como “se están quedando”. Ese error valió a Interior para desacreditar la investigación, e insistir en que el empresario ya tenía golpes antes de sere reducido, ya que él mismo explicó que estaba sangrando.
Por último, Interior se basa en el informe definitivo de la autopsia de Benítez, que afirma que su muerte fue fruto de un cúmulo de circunstancias —enfermedad cardiaca, consumo de cocaína, politraumatismos y estrés por la contención— sin poder atribuir el peso que cada uno de esos elementos tuvo en el fallecimiento, después de la parada cardiaca.
Espadaler decidió inmediatamente suspender a los ocho primeros agentes implicados —en la actualidad hay 10— cuando la jueza decretó su imputación a través de un auto demoledor, el pasado 4 de noviembre. En este aseguraba que los policías que redujeron a Benítez eran sospechosos de haber cometido cuatro delitos: contra la vida y/o la integridad física, contra la integridad moral, por coacciones y por obstrucción a la justicia. Y añadía que los mossos “no se limitaron a efectuar maniobras de reducción”, sino que le propinaron “golpes, puñetazos y patadas” mientras estaban “encima de él”.
“La modificación de medidas cautelares no implica ningún posicionamiento sobre cuál ha de ser la resolución final administrativa o judicial”, recoge la nota difundida ayer por la Dirección General de Policía. Aunque es evidente que el Departamento ha decidido dar un paso más en apoyo a la actuación de sus agentes, sobre la que siempre han mantenido que no hubo “mala praxis”. Espadaler incluso dio una rueda de prensa para criticar abiertamente el informe del CNP que aseguraba que en las imágenes de la reducción —difundidas por EL PAÍS— se apreciaba a un agente propinando cinco puñetazos en la cabeza a Benítez. Los mossos han pasado en total 39 días suspendidos.
