Feijóo se desentiende del aumento de cargos en la Diputación de A Coruña

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, se desentiende de la decisión del gobierno de la Diputación coruñesa, en manos de su partido, de crear una decena de nuevos altos cargos y aprobar subidas salariales a funcionarios de su confianza, pese a que varios informes del interventor del organismo advertían de su ilegalidad. Preguntado por dos veces en la rueda de prensa del Consello de la Xunta, Feijóo ha dado a entender que el asunto no es de su incumbencia y ha invitado a los periodistas a que pidan las explicaciones oportunas a la propia Diputación. El presidente del organismo provincial, Diego Calvo, es además secretario general del PP coruñés y miembro de la dirección de los populares gallegos que encabeza el propio Feijóo.

El jefe del Ejecutivo y del PP gallego se ha limitado a señalar que él en la Diputación de A Coruña siempre ha oído hablar de "austeridad y eficiencia" y que esos son los principios que inspiran la política de personal que él mismo defiende.

Mientras, PSdeG-PSOE y BNG, opuestos frontalmente desde un principio a la reestructuración orgánica de la Diputación de A Coruña que impuso en solitario el PP, exigen medidas contundentes contra la creación de altos cargos de libre designación y fuertes subidas de sueldos para unos 25 jefes del organismo provincial que Intervención juzga contrarias a la obligada congelación salarial y prohibición de aumento de plantilla establecidas en las leyes de Presupuestos del Estado para 2013 y 2014.

El portavoz socialista en la Diputación y expresidente de la misma, Salvador Fernández Moreda, emplazó ayer a la Delegación del Gobierno en Galicia, o en su caso la subdelegación, a intervenir contra esta reforma dado que incumple leyes estatales de obligado cumplimiento para todo el sector público. “Predica un falso ahorro para recortar democracia”, afirmó la secretaria de Organización del PsdeG, Pilar Cancela, al aludir a la contradicción entre la política de la Diputación coruñesa y el intento de reducir diputados en el Parlamento gallego. También Unión Progreso y Democracia (UPyD), sin representación en el organismo provincial, ha pedido hoy que se dé marcha atrás en el nombramiento de nuevos altos cargos y ha recordado su postura favorable a suprimir las Diputaciones.

Tanto socialistas como nacionalistas llevan meses denunciando como “arbitraria, innecesaria e imprudente” esta reestructuración y pidiendo, sin éxito, que se aplace y se consensúe tras ver las nuevas funciones y competencias que atribuirá a las instituciones provinciales la futura ley de racionalización de la Administración Local, en fase de aprobación definitiva en el Senado. Intervención también alega, en su último informe contra esta reforma, que las subidas salariales y creación de una decena de altos cargos no está justificada al no variar de momento las competencias de las diputaciones.

Pero el PP, que gobierna con mayoría absoltua en el organismo coruñés desde 2011, se amparó en esa futura norma para justificar la necesidad de una amplia reestructuración, por primera vez en 25 años, de una diputación que considera “obsoleta”. No obstante, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo anunció que juzga excesivas las competencias y funciones que la futura ley estatal quiere otorgar a las diputaciones y su intención de aminorarlas con una reforma de la normativa gallega sobre administraciones locales.

Los representantes laborales de la Junta de Personal de la Diputación apoyaron en un principio la reestructuración iniciada hace meses y negociar un plan de empleo para el periodo 2013-2015. Pero ese consenso, que el PP blandió como aval a su propuesta, quedó roto con las subidas salariales para altos cargos decidido este verano y aprobado hace unas semanas. Sólo lo apoya USTG. Los tres sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CIG tachan de “tomadura de pelo” una reforma y aumento de retribuciones que perjudica a personal laboral de uno de los departamentos que mejor funciona, el de Recaudación.