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Ruta por el patrimonio amenazado

Decenas de valiosos inmuebles de la capital están en peligro por el abandono de las instituciones, rehabilitaciones fallidas o negligencias privadas EL PAÍS recorre los edificios más emblemáticos

El palacio de la Equitativa, antigua sede de Banesto, uno de los edificios singulares del entorno de la plaza de Canalejas.
El palacio de la Equitativa, antigua sede de Banesto, uno de los edificios singulares del entorno de la plaza de Canalejas.álvaro garcía

En noviembre de 1998, un lector del Abc envió una carta al director del diario en la que felicitaba al Ayuntamiento de la capital por comprar “a sus respectivos propietarios tres emblemáticos edificios de Madrid que estaban en estado ruinoso: el colegio de los Escolapios de San Antón, la casa de los Duques de Sueca y el palacete de Iván de Vargas”. Consideraba el lector que, con su compra, la Administración pública los había salvado de su ruina y lamentaba que no se hubiera hecho lo mismo con el hospital Homeopático, en la calle de Eloy Gonzalo.Las cosas salieron al revés. Los tres edificios comprados entonces tuvieron o tienen todavía muchos problemas. El colegio de los Escolapios de San Antón en la calle de Hortaleza sufrió un largo periodo de abandono desde 1988 y fue finalmente demolido —a excepción de las fachadas— para acoger la actual sede del COAM.

La Casa de Iván de Vargas fue cedida por el Ayuntamiento a la Fundación Nuevo Siglo, que la demolió en 2002 para edificar en su lugar una réplica sobre la que se pegaron los antiguos escudos como si fuesen sellos de correos. Y el palacio de Sueca sigue abandonado y sin uso a la espera de una restauración siempre postergada, y fue declarado en ruinas parcialmente este mismo año por el mismo Ayuntamiento. El edificio que no compró el Ayuntamiento, el hospital Homeopático, de 1874, fue restaurado en 2009 y se encuentra en uso. La historia de aquella carta la contaba hace unas semanas Alberto Tellería, miembro de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio.

Una visión foránea del patrimonio

Christopher Griffiths ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa del patrimonio en Liverpool. Actualmente es el responsable de conservación en el Ayuntamiento de la ciudad y, aunque no quiere opinar sobre temas de Madrid que no conoce al detalle, sí explica cómo funciona la defensa del patrimonio en Reino Unido.
"Los bienes patrimoniales disfrutan de una gran protección contra la demolición o la alteración. Esto se ha reforzado en nuevas leyes. Son un bien finito, una vez que se pierden se han ido para siempre yy no se pueden reemplazar. Así que para modificarlos, total o parcialmente, hace falta una justificación muy convincente", señala.
"El destripamiento del interior de un edificio catalogado en el Reino Unido normalmente constituiría un daño sustancial", prosigue Griffiths. "En el Reino Unido un cambio en el nivel de protección sin la debida consulta de conformidad con los procedimientos correctos sería potencialmente impugnable o abierto a la revisión judicial".

El arquitecto hablaba a toda velocidad a un grupo de periodistas que hacían un recorrido en un microbús por la zona roja del patrimonio en la capital, aquellos lugares históricos camino de la ruina o abandonados a su suerte. Y recurría Tellería a la carta del lector para criticar que sea precisamente el Ayuntamiento de la capital, supuestamente el encargado de velar por el patrimonio de la ciudad, el que más se desentienda a veces de su suerte. “El diálogo puede llegar a ser más fácil cuando hablamos con los propietarios privados. Con el Ayuntamiento es a veces muy complicado; entre otras cosas, porque cambian a los responsables continuamente”, comenta Tellería.

El minibús arranca muy cerca del Frontón del Beti Jai. No todo el que pasa por el número 7 de la calle del Marqués de Riscal sabe que detrás de esa red verde que apenas deja ver la fachada se encuentra uno de los edificios más interesantes y ocultos de Madrid. Fue construido en 1894 y se trata del único ejemplar de frontón industrial de esa época conservado en España. Sobre él recae la mayor protección que puede tener un edificio, su catalogación como Bien de Interés Cultural, concedida en 2011. Mientras el Ayuntamiento y los propietarios discuten en los tribunales por la cantidad que ha de pagarse para que pueda expropiarse, el edificio empieza a tener serios problemas para mantenerse en pie. Dos últimos hundimientos en el techo registrados en las últimas semanas amenazan su estructura, si no se pone remedio urgente.

El vehículo enfila hacia Alonso Martínez y de ahí a la calle de Mejía Lequerica. Los muros no dejan ver bien los jardines del palacio de Ustáriz, del siglo XVIII. Aunque ya no hay demasiado que ver allí, pues ya solo se conservan algunos árboles en un estado lamentable, según cuentan los miembros de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Lo valioso, las escalinatas y las yeserías decimonónicas, están en su interior. Se habrían llegado a conocer si el proyecto para hacer un hotel allí hubiera cuajado, pero la conexión madrileña con la Operación Malaya hizo que el proyecto se parara.

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EL PAÍS

El paseo por esas calles, concluye con un interesante disparate, a la vez metáfora de la falta de protección del patrimonio en la ciudad. Se trata del Museo Municipal, antiguo hospicio de Madrid, construido entre 1720 y 1725, por el arquitecto Pedro de Ribera. Lleva cerrado desde 2005 cuando se iniciaron obras de rehabilitación. Una enorme verja impide ver bien la fachada. “Es absurdo. Precisamente esa verja impide valorar lo que supuestamente se quiere proteger”, dice molesto Tellería, que explica que el museo es un lugar clave para apreciar la historia y el patrimonio madrileño. Mientras el minibús se acerca a la Gran Vía dejando atrás otros edificios y casas particulares de gran valor como Corredera, 20, uno de los pasajeros exclama que le parece alucinante todo lo que le están contando. Se sugiere que los turistas, que cada vez frecuentan menos Madrid, según los últimos datos, se sentirían atraídos por todo aquello que la plataforma está dando a conocer, pero el modelo que busca el Ayuntamiento de Madrid en la Gran Vía, a juzgar por los últimos proyectos publicados en la prensa, pintan otro modelo de turismo, más comercial, de grandes marcas, incluso si estas ocupan edificios históricos conocidos por albergar espectáculos de música, cine o teatro.

Interior del antiguo Banco Central Hispano de la plaza de Canalejas.
Interior del antiguo Banco Central Hispano de la plaza de Canalejas.álvaro garcía

En la Gran Vía, el edificio Carrión o Capitol, “una obra maestra de la arquitectura madrileña, a caballo entre el racionalismo expresionista y el art déco”, lucha por recibir la etiqueta de Bien de Interés Cultural que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid sigue sin concederle. En la misma plaza de Callao, varios edificios tendrán pronto pantallas luminosas que permitan poner anuncios. “Eso degrada el paisaje urbano y la imagen arquitectónica de la ciudad. Son anuncios invasivos, que tienes que ver aunque no quieras”, lamenta Tellería. Toda esa zona está en alerta roja, según denuncia la asociación. El último ejemplo antes de virar hacia la Puerta del Sol, es el Palacio de la Música. Fue construido entre 1924 y 1928 para dedicarlo enteramente a la música. Ese uso acabó siendo copado exclusivamente por el cine.

El mundo de la música recibió bien la idea de Caja Madrid, propietaria del inmueble, de volver al uso original, pero las promesas se desvanecieron tras la crisis y hoy el Ayuntamiento ha dado la autorización para sustituir su uso cultural por el comercial. De ahí a la madre del cordero de las nuevas operaciones urbanísticas en la capital, la Operación Canalejas, un proyecto en el que el Ayuntamiento ha apostado muy fuerte y en el que se permite que un edificio protegido sea limpiado por dentro dejando solo la fachada, como si fuera una cáscara y permite la creación de nuevas alturas.

Trabajo en lugar de patrimonio

El Ayuntamiento y la Comunidad han defendido que las modificaciones previstas en edificios históricos se han hecho atendiendo a la legalidad. Ambas administraciones no han escondido que buscan dar usos a los edificios que sean rentables y que generen puestos de trabajo. En el caso de la polémica Operación Canalejas, el Consistorio ha destacado siempre los 500 millones que supone la obra de inversión privada y que generará 4.800 puestos de trabajo (1.800 durante la construcción y 3.000 en la explotación del complejo). “No sé sí se atreverán a mirar a la cara a esos trabajadores si se oponen al proyecto”, señaló este jueves la concejal de Urbanismo, Paz González, al resto de partidos.

Con la aprobación definitiva del Ayuntamiento, y a falta solo de que la Comunidad dé el visto bueno, el proyecto se ha abierto paso sin hacer caso a las voces críticas. Tan solo los partidos de la oposición, una veintena de arquitectos que pusieron sus nombres en un manifiesto y la asociación que organiza este recorrido se opusieron frontalmente a las modificaciones que han hecho las Administraciones en la protección de los edificios para permitir que se construya en ellos. “Lo de Canelejas cruza muchas líneas rojas”, señala Ángel Sanz, ex director general de zonas protegidas en el Ayuntamiento de Madrid, “no solo porque se elimine el interior, para mí lo de construir más plantas es aberrante.

Y la forma en que se ha hecho has sido totalmente extraordinaria”. Sanz, que conoce bien el Consistorio y ya se ha jubilado, señala que no se ha escuchado a la gente cualificada que trabaja allí y que los intereses de los políticos han primado sobre lo que les han dicho los técnicos. “Creo que todos estamos de acuerdo en que los edificios viven y evolucionan”, prosigue Sanz, “y que lo que más destruye el patrimonio es que este no se use. Pero hay cosas a las que hay que adaptarse. Y los edificios no se adaptan al proyecto, sino al revés. Creo simplemente que había antes más sensibilidad para conservar”. Los obreros trabajan ya en la zona para unir por dentro siete edificios de distintas alturas y fachadas que fueron concebidos para distintos usos y que albergarán finalmente un hotel de lujo de la cadena Four Seasons.

De Canalejas, el autobús sale hacia el teatro de la Comedia y de ahí al teatro Calderón, ejemplo de un edificio que simplemente sufre una degradación permanente sin que nadie le ponga remedio. “No es exactamente un edificio en peligro, pero sí está perdiendo muchos de los elementos que lo hacen original, como la escultura que coronaba la fachada, la ornamentación del torreón de esquina o la balaustrada. Ni el Ayuntamiento ni la propiedad hacen nada para recuperarla”. El minibús se adentra ahora en el barrio de La Latina y enfila dos edificios singulares. El primero, la sede del diario El Imparcial, se construyó entre 1911 y 1913 y hoy es actualmente un cine.

Pero ya hay una solicitud para demolerlo y construir un inmueble de cuatro plantas y darle un uso comercial. El siguiente edificio, el palacio de la Duquesa de Sueca, es el ejemplo más claro de cómo la dejadez acaba por convertir en ruina un edificio que forma parte del patrimonio de Madrid. Fue construido en 1791 como escuela para los hijos de los criados del rey y pasó luego a los duques de Sueca. En 1998, el año en que publicaba su carta el lector de Abc con el que comenzábamos el recorrido, el Ayuntamiento lo expropió para preservarlo. Pero las obras de rehabilitación nunca se hicieron y este mismo año le llegó el expediente de ruina que ha sido parado por orden judicial. El minibús continúa su trayecto por otras zonas rojas del patrimonio. Los de la plataforma siguen explicando los problemas a los que se enfrenta la ciudad en otros barrios y edificios, en el incansable intento, una vez más, de rescatarlos del olvido.

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