La Fiscalía de Valencia investiga 58 contratos de Epsar por 96 millones

La justicia investigará si el caso Emarsa, supuesto saqueo de 25 millones de la depuradora de Pinedo (Valencia), fue un foco corrupto aislado o una trama amparada por la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), la empresa de la Generalitat que transfiere fondos a las plantas de depuración. A raíz de una denuncia del PSPV, la Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias para indagar las presuntas adjudicaciones “a dedo” realizadas por Epsar amparándose en el procedimiento de urgencia. Se investigan 58 contratos adjudicados por la sociedad pública por importe de 96 millones de euros.

Los socialistas dirigen su denuncia contra el exgerente y el exjefe de saneamiento de la Epsar José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, que están imputados en el caso Emarsa. Se les atribuye de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El PSPV baraja ampliar la acusación al exconsejero de Agricultura Juan Cotino – “que firmó seis expedientes entre 2009 y 2010 por 7,69 millones”- y a la exsecretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) María Ángeles Ureña,  “que autorizó tres contratos por valor de 10,67 millones”. Los expedientes anteriores fueron autorizados por el exconseller de Medio Ambiente fallecido José Ramón García Antón.

Cotino y Ureña avalaron los expedientes, según los socialistas

El PSPV considera que la Generalitat utilizó para las adjudicaciones de Epsar el mecanismo “previsto para catástrofes y grave peligro”.

“Nos encontramos que las habituales y por ello previsibles lluvias otoñales son las que sirven de peregrina justificación para llevar a cabo la aprobación de contratación a cargo de fondos públicos. Se eludieron los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia de forma grosera y se incumplió la Ley de Contratos”, señala la denuncia.