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El Síndic propone una ‘tregua invernal’ energética para familias sin recursos

Los problemas para pagar el agua y la luz afectaron afectó, en el año 2011, a 193.000 hogares

Jessica Mouzo

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, propuso ayer establecer “una tregua invernal” por parte de las compañías suministradoras de agua, luz o gas, para evitar que corten el suministro a familias en situación de pobreza energética. Según datos del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) de 2011, alrededor de medio millón de personas —193.000 hogares— no pueden asumir los gastos de mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Ribó, que tachó la problemática de la pobreza energética como “una entidad de suficientes dimensiones que se ha acentuado por la crisis”, instó a las empresas distribuidoras de suministros, así como a los agentes sociales y a la Generalitat, a poner en marcha iniciativas que amparen a las familias sin recursos que no pueden pagar sus recibos durante los meses de invierno. El Síndic explicó, además, que la situación de los hogares que se beneficien de la tregua tendría que ser ratificada por los servicios sociales.

El aumento de paro y los recortes en ayudas sociales durante la crisis acrecentaron el fenómeno

El bajo nivel de renta de las familias, la insuficiente calidad de las viviendas y los altos precios de sumistros básicos como la luz o el agua, son, según el Informe sobre pobreza energética en Cataluña elaborado por el Síndic a partir de una actuación de oficio, los detonantes que abocan a una familia a la pobreza energética. El aumento de paro y los recortes en ayudas sociales durante la crisis acrecentaron, según la institución, las dimensiones del fenómeno.

Ribó, que ya ha enviado el informe al Parlament, exigió “una política pública” que ayude a combatir una problemática que “viene de lejos y afecta principalmente a personas mayores de 65 años, hogares monoparentales y parados”.

La Sindicatura propuso también que las empresas proveedoras lleguen a acuerdos con las familias afectadas para fraccionar las facturas o interrumpan los cortes de suministros en hogares con ingresos inferiores al Indicador de renta de suficiencia, que en Cataluña es de 569,12 euros por persona al mes. Asimismo, el informe recoge la necesidad de establecer un precio social de la factura del gas butano para que sea, según Ribó, “lo más equitativo posible”.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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