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Herrira pedirá la nulidad del cese cautelar de sus actividades en favor de los presos

Ha solicitado personarse como parte en esta causa para acceder a las resoluciones judiciales

El País
Representantes de Herrira al valorar la actual situación judicial de este colectivo.
Representantes de Herrira al valorar la actual situación judicial de este colectivo.fernando domingo aldama

La asociación de apoyo a los presos de ETA Herrira ha solicitado la personación en la causa contra ella para poder solicitar la nulidad del cese cautelar de todas sus actividades que decretó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

La Guardia Civil registró y clausuró el pasado 30 septiembre las sedes de Herrira y detuvo a 18 de sus miembros, que quedaron en libertad con fianza días después tras declarar ante el juez.

El abogado de Herrira Alfonso Zenón ha considerado que es "muy grave" que no se hayan notificado a Herrira las medidas cautelares adoptadas, desde el cese de su actividad al bloqueo de las cuentas bancarias y el cierre de sus sedes y de sus páginas web y perfiles en redes sociales.

En una rueda de prensa en Bilbao en la que ha participado la junta directiva de esta asociación de apoyo a los presos de ETA, ha declarado que la falta de notificación supone un "total desconocimiento del procedimiento legal establecido al efecto".

Por ello, Herrira ha solicitado personarse como parte en esta causa para acceder a las resoluciones judiciales de las medidas cautelares y solicitar su nulidad de pleno derecho.

El abogado ha insistido en que Herrira es una asociación legal, inscrita en el registro de asociaciones del Gobierno vasco, que debería continuar con la "actividad legítima" que desarrollaba.

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Zenón ha sostenido que en los informes y diligencias de esta causas no hay "un solo indicio de actividad delictiva", ni de las 18 personas detenidas, ni de Herrira como asociación.

"La operación contra Herrira fue ilegal desde la raíz, contraria a los elementales principios del derecho", ha dicho el abogado, que ha considerado que con esa actuación "política y militar", se persigue "poner obstáculos a la defensa de los presos políticos vascos y criminalizar a sus abogados".

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