La juez rechaza reabrir la investigación del accidente de metro de Valencia
La magistrada entiende que no se han aportado elementos novedosos como exige el Supremo
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha rechazado la reapertura de la investigación sobre el accidente de metro de julio de 2006 en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. La magistrada desecha la petición de la fiscalía al entender que no se han aportado elementos novedosos que justifiquen la reapertura.
La magistrada recoge en el escrito la relación de diligencias que se practicaron durante la instrucción del caso y la jurisprudencia del Tribunal Supremo que explica los requisitos que la ley exige para reabrir un asunto archivado provisionalmente.
La fiscalía de Valencia solicitó el 22 de julio la reapertura del siniestro porque “existen hechos y datos nuevos, y otros que en su momento no se valoraron”, y que pudieron afectar “al estado” de la unidad del metro siniestrada, argumentaron entonces.
Por ello pidió al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que dejara “sin efecto” el archivo que dictó en febrero de 2008 y reabriese el caso. Los hechos “podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional y 47 delitos de lesiones por imprudencia profesional”, tantos como fallecidos y heridos hubo aquel 3 de julio, y “no estarían prescritos” en atención a las posibles penas -de cárcel e inhabilitación-.
La fiscalía llegó a esta conclusión tras analizar las denuncias presentadas hace unos meses por el PSPV-PSOE y la asociación cívica Cercle Obert, que exponían nuevos datos y testimonios sobre el estado del convoy accidentado.
Las denuncias encauzaron hacia la vía judicial una creciente presión a favor de la reapertura del caso, tras la emisión en abril de un monográfico del accidente en el programa Salvados, de La Sexta, que reavivó el interés por el tema y atrajo a partir de ese momento a miles de ciudadanos a las concentraciones que celebra la asociación de víctimas el día 3 de cada mes para exigir responsabilidades políticas por el suceso y una investigación exhaustiva del mismo.
Entre la documentación que estudió la fiscalía está un informe en el que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana reconocía un año antes del siniestro que las unidades de metro afectadas estaban al final “de su vida útil” y tenían “grandes problemas de mantenimiento” por la dificultad de encontrar repuestos. “Consideramos necesaria la renovación de estos trenes”, concluía este documento, que no se aportó a la investigación en 2006 y que hizo público la diputada de Compromís Mònica Oltra. FGV tampoco notificó que la unidad del accidente había sufrido descarrilamientos previos.
Las denuncias también llamaron la atención sobre testimonios en televisión y en documentales de trabajadores de FGV que cuestionaban el mantenimiento del metro. Además, los técnicos que declararon en 2006 en una breve comisión de investigación de las Cortes fueron aleccionados por una agencia de comunicación contratada por FGV para insistir en que el accidente fue inevitable y la única causa fue el exceso de velocidad del convoy.
