La Fiscalía ve una posible prevaricación municipal en el caso del palacio de Sueca

Un juzgado de Madrid ha ordenado paralizar de forma inmediata el derribo del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio de propiedad municipal que goza de la máxima protección histórico-artística. Lo ha hecho a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, que abrió una investigación contra el Ayuntamiento al considerar, a partir de informaciones desveladas por EL PAÍS, que “existen indicios racionales de que los daños sufridos por el edificio lo han sido como consecuencia de una falta de conservación y mantenimiento flagrante”. La Fiscalía considera incluso que pudiera haberse cometido un presunto delito de prevaricación.

El Ayuntamiento habría violado las leyes regionales del Suelo y de Protección del Patrimonio, tal y como admitía en un documento interno. La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, que dirige Antonio Vercher, debería haber detenido cautelarmente el derribo. Sin embargo, el Ayuntamiento siguió adelante. La Fiscalía acudió entonces al juzgado de guardia para solicitar su paralización, que consiguió.

Tras expropiar el edificio en 1998, el gobierno municipal, dirigido por José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (los tres, del PP), descuidó su obligación de conservarlo. El área municipal de Urbanismo decretó en abril su estado de ruina y ordenó el derribo inmediato por el riesgo para viandantes y bloques vecinos, entre ellos un colegio. Tras la apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía, la Guardia Civil requirió informes a Urbanismo; comprobó los daños sufridos por el inmueble; tomó declaración a técnicos municipales; y recabó el testimonio de la directora del instituto público San Isidro, cuyas instalaciones están amenazadas por el posible derrumbe del palacio. Cabe destacar que el abandono no se puede imputar a Urbanismo, sino al área municipal de Hacienda, de quien depende el edificio.

“Una primera inspección constató que el Ayuntamiento había iniciado las obras de demolición en el área del palacio de mayor antigüedad”, explica la Fiscalía. “Tras examinar la documentación, el juzgado ha ordenado con carácter inmediato la paralización de dichas tareas”.

La acusación pública “considera que la actuación municipal es contraria a derecho, puesto que ha hecho caso omiso en los últimos años de la obligación de conservar este edificio protegido, con la finalidad de que ese abandono desembocara en un estado de ruina que justificara su demolición, omisión que podría construir un delito de prevaricación por comisión por omisión. La Fiscalía, a través del juzgado de guardia, ha recordado de forma insistente a las autoridades competentes su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños irreparables en las partes más abandonadas”.

En 1998, el año en que expropió el inmueble, el Ayuntamiento adoptó medidas de seguridad para solventar los daños detectados en su estructura. Desde entonces, “no se ha acometido ninguna reparación”, y “la estabilización corresponde a intervenciones provisionales de más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”.