Las quejas por los problemas en las ayudas de la dependencia se duplican

Las quejas por “los obstáculos que encuentran las personas afectadas para conseguir la obtención de las ayudas de la Ley de Dependencia” prácticamente se duplicaron en 2012 al pasar de 1.254 en 2011 a 2.254. El Síndic de Greuges, José Cholbi, dedicó una buena parte de su intervención, este martes, en las Cortes Valencianas a los conflictos en la “atención sociosanitaria”, durante la presentación anual de su informe. La dependencia protagonizó también muchas de las consultas al Centro de Atención Ciudadana, al que recurrieron 3.607 valencianos afectados por retrasos y contratiempos con la atención a dependientes.

Cholbi, que se mostró satisfecho del grado de aceptación de sus recomendaciones por parte de las Administraciones públicas valencianas (emitió 1.636 en 2012), destacó que solo 102 no fueron atendidas. Se trata de un 6% que el Síndic atribuyó “prácticamente en su totalidad” a la Ley de Dependencia, “cuyos diferentes criterios de aplicación impidieron que la Consejería de Bienestar Social aceptara íntegramente las recomendaciones”.

Tras los servicios sociales y la dependencia, la sanidad, los transportes y el urbanismo y la vivienda son los ámbitos que suscitaron más quejas. Cholbi, que presentó también un informe especial sobre el sistema de protección de menores, se refirió al incremento de quejas en el ámbito educativo por retrasos en ayudas para libros de texto o comedor y por la supresión de líneas de transporte escolar. En sanidad, aludió a la retirada de medicamentos de la prestación farmacéutica y destacó que la exclusión de los inmigrantes de la atención sanitaria normalizada y el copago de medicamentos han sido “fuente de un importante número de quejas”.

Las recomendaciones no atendidas, un 6% del total, son sobre la dependencia

El Síndic citó los desahucios y habló de “un preocupante proceso de involución, en términos sociales, del grado de efectividad del derecho a la vivienda”. Cholbi resumió los efectos de la crisis al señalar que “cada día aumenta la necesidad de que las instituciones públicas respondan ante la situación de pobreza que tantas personas están viviendo, cuyo número se multiplica por culpa de este nuevo fenómeno de la pobreza sobrevenida, que las condena a la exclusión social”. Y lo vinculó a que “la falta de liquidez de las Administraciones públicas impide atender puntualmente los pagos a proveedores, beneficiarios de ayudas y empresas que gestionan servicios públicos”.

En conjunto, Cholbi se mostró satisfecho de que se ha podido atender con mayor rapidez más quejas y consultas que en otros años. El Síndic efectuó 31.403 actuaciones (2.715 más que el año anterior), 14.585 quejas y 16.818 consultas. Cholbi dijo que “la institución está cada vez más presente en la sociedad valenciana”.

La oposición acusa al Consell de no hacer caso y pide medios para el Síndic

Todos los grupos resaltaron este hecho, aunque la oposición fue más explícita al reivindicar su continuidad. Esther López Barceló, de Esquerra Unida, se quejó de que la Generalitat “acepta las recomendaciones del Síndic pero no las ejecuta”. Fran Ferri, de Compromís, calificó de “inaceptable” la pretensión del Gobierno de Mariano Rajoy de suprimir instituciones autonómicas como el Síndic de Greuges en beneficio del Defensor del Pueblo y propuso que la Comisión de Peticiones no se reúna una vez al año sino que tenga un calendario de 10 sesiones para abordar todos los problemas. Clara Tirado, del PSPV-PSOE, acusó a la Administración de “boicotear” el derecho de los dependientes y propuso que el Síndic disponga de “más mecanismos de fiscalización y más instrumentos de control real de las recomendaciones”. Rafael Maluenda, del PP, dijo que “las recomendaciones hacen que la Administración se sienta más involucrada y colaboradora” y dijo que los populares están “dispuestos a que la institución esté cada día mejor”.